La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado chileno reanudó este miércoles 3 de junio el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Durante la sesión, que se extendió por la mañana, los invitados especialistas y representantes de diversas instituciones expusieron sus observaciones al texto, en el marco de la segunda fase del proceso constitucional impulsado por el Ejecutivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, excusó su asistencia, por lo que la presentación del ministerio fue encabezada por la jefa de la División Jurídica, María del Pilar Afun. También intervinieron el ex ministro de Justicia y ex senador Hernán Larraín, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; la consejera Elisa Walker; la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, Mariel Hernández; la presidenta regional de Concepción Biobío Arauco, Tania Galdani; y el académico Jorge Correa Subtiel.
UN CONSEJO CON COMPOSICIÓN CONTROVERTIDA
Uno de los ejes centrales del debate fue la integración del nuevo consejo de nombramientos. Hernán Larraín advirtió que el proyecto presenta una sobrerrepresentación del Poder Judicial, al incluir al presidente de la Corte Suprema y a dos ministros de Cortes de Apelaciones. A su juicio, las autoridades judiciales no debieran participar en roles no jurisdiccionales, pues desvían su labor esencial. En esa línea, propuso que el órgano esté compuesto por una mayoría judicial de origen, pero sin los máximos jerarcas.
En tanto, Ramiro Mendoza coincidió en que la integración es excesivamente judicial, aunque matizó que la denominación del organismo —consejo o comisión— resulta irrelevante para la discusión de fondo. Planteó la necesidad de incluir a un ministro de la Corte Suprema y otro de Cortes de Apelaciones regionales, junto con representantes del mundo académico y abogados designados por concurso público.
ETICA, DISCIPLINA Y CONTROL
Otro punto álgido fue el rol del Ministerio Público Judicial. El ex ministro Hernán Larraín consideró que otorgar a la fiscalía la facultad de dictar normas éticas generales para los funcionarios del Poder Judicial invade la potestad legislativa que corresponde a la Corte Suprema. En su opinión, las sanciones disciplinarias deben quedar radicadas en un tribunal ad hoc, desvinculado de la estructura jerárquica del ministerio público.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados sostuvo que el proyecto debilita el control ético que ejercen los colegios profesionales, al permitir que la fiscalía judicial fije estándares para el ejercicio de la abogacía. Recalcó que el código de ética del Colegio de Abogados es reconocido por los tribunales superiores y que duplicar el control genera confusión y pérdida de eficacia.
ACADEMIA JUDICIAL Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
Varios expositores destacaron la necesidad de fortalecer la Academia Judicial como ente autónomo de formación de jueces. Hernán Larraín propuso que universidades acreditadas puedan impartir programas de formación judicial, lo que aportaría pluralidad al sistema. Jorge Correa coincidió en que la academia carece de perfil académico sólido y recomendó coordinarla con las universidades.
Asimismo, la ausencia de un sistema de evaluación de desempeño fue uno de los puntos de mayor consenso. Tanto Larraín como Correa señalaron que mientras no existan criterios objetivos y transparentes para medir el rendimiento de los jueces, cualquier reforma en materia de nombramientos será insuficiente. Recordaron que en la década de 1990 se aprobó una normativa que nunca se implementó efectivamente.
NOMBRAMIENTOS Y PLAZOS
En lo relativo al proceso de designación de ministros de la Corte Suprema, se discutió la conveniencia de establecer plazos perentorios para que el Presidente y el Senado se pronuncien sobre las propuestas del consejo. Hernán Larraín propuso que el silencio administrativo opere para acelerar las decisiones, evitando dilaciones que hoy permiten un margen excesivo de negociación política. Ramiro Mendoza agregó que la fórmula del sorteo para dirimir empates entre candidatos es objetiva y debe ser considerada.
El senador Francisco Chahuán, presidente de la comisión, agradeció la participación de los invitados y recordó que la sesión forma parte de un proceso de audiencias donde se busca recoger todas las visiones. El proyecto continuará su tramitación con nuevas exposiciones en las próximas semanas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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