Renovación Nacional apuesta por opción alternativa al indulto general y propone modificar norma contra apremios ilegítimos en el Código Penal
La discusión por un eventual indulto a los uniformados condenados en el marco del estallido social continúa generando posturas en el oficialismo. Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) darán a conocer una propuesta que busca reemplazar el beneficio por iniciativas de fortalecimiento policial, las que presentarán al ministro de Seguridad, Martín Arrau, en un almuerzo.
El jefe de bancada, Diego Schalper, adelantó que la propuesta será distinta a la de un partido que no integra el gobierno. La agenda elaborada por el partido liderado por Andrea Balladares será presentada por un grupo de diputados encabezados por Schalper y el senador Andrés Longton, con el objetivo de reforzar la protección jurídica de las policías y abrir un proceso de reparación para los funcionarios afectados durante el estallido social.
ALTERNATIVA AL INDULTO GENERAL
El anuncio se produce después de que parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) anunciaran un proyecto que establece un indulto general para condenados por hechos registrados durante las protestas de fines de 2019. La moción de la senadora Vanessa Kaiser (libertarios) plantea un artículo único para conceder el indulto a los funcionarios que participaron en acciones desde el 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público.
En RN, en tanto, la agenda considera varias iniciativas que ingresarán al Congreso en los próximos días. A la anunciada ley Naín-Retamal 2.0 se suma la modificación del artículo 150 D del Código Penal, que establece sanciones por apremios ilegítimos o tratos crueles ejercidos por funcionarios públicos.
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL
El documento de la bancada señala que la amplitud actual del artículo 150 D ha permitido que el delito de apremios ilegítimos sea invocado en procedimientos policiales dinámicos o actuaciones de orden público en que la persona no se encontraba bajo custodia efectiva del funcionario. Ello genera inseguridad jurídica y puede confundir esta figura con delitos de lesiones u otros ilícitos vinculados al uso ilegítimo de la fuerza.
La modificación apunta a que se exija que la víctima se encuentre bajo custodia del funcionario público imputado para ser juzgado bajo esa figura. Schalper explicó que se busca acogerse a la legislación general, permitiendo un juicio justo respecto a quienes han sido injustamente juzgados, y que hay que corregir ciertos artículos para que no se presten para situaciones abusivas.
COMISIÓN DE JUSTICIA Y REPARACIÓN POLICIAL
Otra de las propuestas de la bancada apunta a crear por ley una comisión de justicia y reparación policial, que revisará los casos en que funcionarios hayan sido objeto de denuncias, querellas, sanciones, bajas u otras consecuencias durante el estallido social. La instancia funcionará de forma trimestral y elaborará un informe con propuestas de reparación, reincorporación y ajustes normativos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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