La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado retomó el estudio de dos iniciativas clave durante su sesión del 9 de junio de 2026. La instancia, transmitida por TV SENADO CHILE, contó con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien presentó observaciones al proyecto que busca sancionar las acusaciones, denuncias o querellas falsas. Posteriormente, la comisión aprobó en general la idea de legislar sobre peritajes judiciales en Tribunales de Familia, aunque no sin un intenso debate reglamentario entre sus integrantes.
DEBATE SOBRE DENUNCIAS FALSAS
El ministro Rabat inició su exposición refiriéndose al Boletín N° 18239-36, originado en una moción de los senadores Kaiser, Balladares, Gatica, Ossandón y Van Rysselberghe. La autoridad destacó que el bien jurídico protegido por la iniciativa es la presunción de inocencia como manifestación de la buena fe procesal y el debido proceso. Según señaló, en los últimos años se ha constatado un uso instrumental de las denuncias, lo que hace necesario contar con herramientas para distinguir aquellas formuladas de buena fe de las que son dolosas.
El secretario de Estado realizó un completo recorrido por el ordenamiento jurídico vigente, mencionando que ya existen mecanismos para perseguir imputaciones infundadas. Citó la acción de responsabilidad civil extracontractual del artículo 2331 del Código Civil, el delito de calumnia del artículo 412 del Código Penal y el delito de obstrucción a la justicia del artículo 269 bis del mismo cuerpo legal. Asimismo, recordó que quien es imputado por una denuncia falsa puede solicitar el sobreseimiento definitivo conforme al artículo 93 del Código Procesal Penal, y que existen condenas en costas por montos elevados.
Al entrar al contenido del proyecto, el ministro planteó reparos a la definición de «acusación, denuncia o querella falsa» contenida en la moción. A su juicio, la sola circunstancia de que un tribunal rechace una acción mediante absolución o sobreseimiento no implica automáticamente que esta sea falsa, pues existen múltiples razones procesales para ello. Advirtió que la propuesta genera un procedimiento declarativo especial intermedio que no existiría en el estado actual de las cosas, lo que podría traer un tercer proceso adicional y aumentar la revictimización de niños, niñas y adolescentes.
En materia de legitimación activa, el ministro observó que en los tribunales de familia no se utilizan conceptos como «denunciado» o «imputado», propios del proceso penal. También alertó sobre la dificultad de acreditar delitos de abuso sexual, que suelen carecer de prueba directa, por lo que muchas absoluciones no implican necesariamente que la denuncia fuera falsa. Respecto al tribunal competente, señaló que el proyecto no contempla una nueva dotación de personal, lo que podría atochar los tribunales de familia y juzgados de garantía.
La autoridad también criticó el estándar probatorio propuesto, que exige acreditar la falsedad con «al menos presunciones fundadas». Sostuvo que las presunciones son un medio de prueba, no un estándar, y que este umbral es inferior al exigido por el artículo 340 del Código Procesal Penal, que requiere convicción más allá de toda duda razonable. Además, cuestionó la expresión «manifiesta negligencia», que generaría problemas interpretativos al no estar definida en materia de responsabilidad civil extracontractual.
Entre otras observaciones, el ministro mencionó que el proyecto establece que el recurso de apelación se concede en el solo efecto devolutivo, lo que permitiría cumplir la sentencia antes de que el superior la revise. También advirtió que la eliminación de antecedentes en el Registro Civil, Poder Judicial y Ministerio Público podría afectar la función de seguimiento de causas. Por último, propuso modificar el artículo 211 del Código Penal para agravar la pena cuando los antecedentes falsos conduzcan a medidas cautelares o acusaciones infundadas, y ajustar el artículo 269 bis para evitar exenciones de responsabilidad penal en ciertas circunstancias.
VOTACIÓN DEL PROYECTO DE PERITAJES
Finalizada la intervención del ministro, la presidenta de la comisión propuso someter a votación la idea de legislar el proyecto que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, con el objetivo de garantizar el debido proceso en causas relativas a niños, niñas y adolescentes y establecer normas sobre peritaje judicial. La iniciativa corresponde a los boletines refundidos N° 14.950-07 y 14.982-07.
La solicitud generó un debate procedimental. Algunos senadores señalaron que la votación no estaba incluida en la tabla de la sesión, mientras que la presidenta argumentó que el reglamento del Senado no exige que se anuncie en la citación, a diferencia de la Cámara de Diputados. Tras un intercambio de opiniones, se procedió a la votación, que fue aprobada en general por cuatro votos a favor y uno en contra.
Durante la discusión, la presidenta defendió su decisión señalando que esperó a que todos los integrantes estuvieran presentes para votar, y que la urgencia de la ciudadanía por avanzar en esta materia justificaba la medida. Una senadora que votó en contra fundamentó su postura en el procedimiento, al considerar que no se había seguido la costumbre de anunciar la votación con anticipación.
DISCUSIÓN PARLAMENTARIA
El incidente derivó en un intercambio de opiniones entre las senadoras, en el que se cruzaron acusaciones sobre la forma de conducir la sesión. Una de ellas afirmó que se había «pasado la máquina», mientras que la presidenta rechazó la imputación y defendió su actuación como un intento de responder al clamor ciudadano. Otra senadora intervino para llamar a la moderación y al respeto mutuo, recordando que todas las integrantes de la comisión comparten el objetivo de legislar en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, la presidenta dio por concluida la sesión, dando término al intenso debate que marcó la jornada.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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