La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por docentes que reclamaban demoras en la tramitación del beneficio. El máximo tribunal consideró arbitraria la dilación en la gestión del beneficio, señalando que se debió a la falta de coordinación y rigurosidad entre las entidades públicas recurridas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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