La exministra Carolina Tohá cuestionó el uso instrumental de las acusaciones constitucionales en la política chilena, al referirse al proceso iniciado contra el exministro Nicolás Grau, y advirtió que esta práctica profundiza el alejamiento entre la ciudadanía y la actividad política. Las declaraciones se produjeron antes de su participación en el conversatorio “¿Por qué perdimos?”, organizado por la Fundación Socialdemócrata y la Fundación Por la Democracia.
CRÍTICA A LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Tohá sostuvo que las acusaciones constitucionales se han transformado en un instrumento de la contienda política, apartado del sentido que la Constitución les asigna. A su juicio, en el caso particular contra Grau se ha ido un paso más allá, porque el fundamento se centra en proyecciones económicas realizadas por el Ministerio de Hacienda. La exministra señaló que esas proyecciones son ejercicios habituales y que no siempre se cumplen, ya que las metodologías para anticipar escenarios pueden mejorar pero no son perfectas.
En esa línea, afirmó que la acusación contra Grau se basa en datos que anticipan lo que podría ocurrir, sin certeza de que efectivamente suceda. Consideró que esto agrava un problema mayor de la política chilena, caracterizada por una dinámica centrada en la confrontación en lugar de resolver las urgencias ciudadanas.
ESPIRAL DE USO POLÍTICO
Tohá enmarcó la acusación contra Grau dentro de una trayectoria más amplia de uso político de este mecanismo. Recordó el caso de la exministra Yasna Provoste, quien fue acusada constitucionalmente por problemas contables de consolidación en una seremi. Según Tohá, hoy nadie podría defender que esa acusación estuvo bien fundada.
La exministra advirtió que el principal efecto de estas acusaciones, independientemente de su resultado, es aumentar la distancia entre las personas y la política, lo que calificó como un grave problema para el país. Indicó que la política se dedica a pelear entre sí en lugar de buscar soluciones efectivas que lleguen a la vida de los ciudadanos en tiempos breves.
COBRANZA DEL CAE
Tohá también se refirió al proceso de cobranza del Crédito con Aval del Estado. Afirmó que no critica que se cobre a quienes tienen capacidad de pago, y que las personas que pueden pagar deben hacerlo. Sin embargo, cuestionó la forma en que el gobierno comunicó y ejecutó el proceso.
Señaló que se anunció públicamente un criterio de cobro basado en ingresos de cinco millones de pesos, luego se bajó a tres millones y medio, y en la práctica se ha estado cobrando a personas con ingresos mucho más bajos. Además, expresó dudas sobre el mecanismo utilizado, que fue creado originalmente para cobrar deudas tributarias, y no está claro si su marco legal permite cobrar deudas no tributarias como las del CAE.
Tohá calificó como deficiente la comunicación y gestión del Ejecutivo en esta materia, aunque reconoció que en el país la gente entiende que quienes pueden pagar deben hacerlo. Insistió en que el debate no puede limitarse al cobro, y que se requiere retomar una reforma al sistema de crédito educativo, avanzando en propuestas que en el gobierno anterior lograron un amplio acuerdo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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