El Senado rechazó este martes por tercera vez la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa, enviando la iniciativa a una comisión mixta en medio de la presión por el combate al crimen organizado tras la Operación Tokio. La votación culminó con un empate a 24 sufragios, el tercero consecutivo en la tramitación de este punto del proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Financiera. El resultado obliga a que una instancia integrada por cinco senadores y cinco diputados busque un texto de consenso, mientras el Ejecutivo anunció medidas en torno al secreto bancario.
VOTACIÓN EN EL SENADO
La medida propuesta permitía que la UAF, dependiente del Ministerio de Hacienda, pudiera solicitar directamente a los bancos el levantamiento del secreto bancario en situaciones específicas, sin pasar por un juez. Actualmente esa facultad la ejerce exclusivamente el Ministerio Público en el marco de una investigación penal. El empate de este martes repitió lo ocurrido el jueves pasado, cuando se registraron dos votaciones consecutivas con 23 votos cada una, lo que forzó una tercera y definitiva definición.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló en la previa que la discusión estaba puesta «a que podamos facilitar esa revisión bancaria, sobre todo si está ayudando a que se desbaraten bandas del crimen organizado». Añadió que veía un punto de encuentro en el control judicial, y que la comisión mixta sería la instancia para resguardar ese principio, con un acuerdo que incluiría a todos los sectores políticos.
POSTURAS ENCONTRADAS
La senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) argumentó su rechazo a la norma asegurando que afecta derechos fundamentales. «Nosotros estamos aquí en la discusión de si queremos un sistema de control absoluto donde el Estado es opaco ante el ciudadano y el ciudadano es transparente frente al Estado», sostuvo.
En cambio, el senador Iván Flores (Democracia Cristiana) respaldó la iniciativa aludiendo a la necesidad de actuar de manera anticipada frente a delitos tributarios. Explicó que el proyecto busca dotar de condiciones de inteligencia a funcionarios especializados de la UAF, Impuestos Internos y Aduana, bajo estrictas restricciones y con penas aumentadas para quienes violen el secreto.
El senador Alfonso de Urresti (Partido Socialista) enfatizó que el crimen organizado opera con redes nacionales e internacionales, y que la forma de detectarlo es ubicar la ruta del dinero y las triangulaciones financieras. «Hoy día vemos que hay operaciones de crimen organizado con redes nacionales, con redes internacionales en que precisamente la forma de detectarlo es ubicar el sistema financiero», señaló.
Por su parte, el senador Karim Bianchi (Independiente) criticó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreciera desarrollar un proyecto paralelo al que se discutiría en la comisión mixta, calificando esa posibilidad como un «caballo de Troya» que podría boicotear el trabajo de la instancia.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI) aclaró que el rechazo no se debía a una oposición al levantamiento mismo, sino a la ausencia de control judicial previo. «Hoy día opera y funciona la apertura de las cuentas bancarias, funciona de manera ágil cuando es solicitada. ¿Puede un policía llegar y entrar a un domicilio hoy día? No, necesita una autorización. ¿Se puede llegar y revisar un teléfono hoy día? No, necesita una autorización», argumentó.
CAMINO A LA COMISIÓN MIXTA
La comisión mixta estará conformada por cinco senadores y cinco diputados, y deberá elaborar una propuesta que logre el acuerdo de ambas cámaras. El Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, anunció este lunes que preparaba medidas en torno al secreto bancario. «El Ejecutivo va a proponer medidas y va a corresponder a los legisladores si las acogen o no. Nos parece que son medidas además que ponen un poco al día a Chile respecto de las prácticas internacionales en esta materia», declaró Quiroz.
Durante la sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, informó que desde el Ejecutivo pondrían urgencia a la discusión de la norma, lo que acelera los plazos de tramitación.
El contexto de la votación estuvo marcado por los antecedentes de la llamada Operación Tokio, que permitió desbaratar una de las mayores fuentes de lavado de activos del Tren de Aragua en Chile. Desde la oposición se presionó para aprobar la medida como una herramienta clave contra el crimen organizado, mientras que el oficialismo mantuvo su rechazo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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