La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recomendó al pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazar el libelo acusatorio, en una votación que arrojó un voto a favor, tres en contra y una abstención. Los integrantes de la instancia expusieron sus argumentos de forma individual, sin que existiera una declaración conjunta.
La acusación fue impulsada por los partidos Republicano y Nacional Libertario, con el respaldo de firmas de legisladores del Partido de la Gente, Renovación Nacional y el Partido Social Cristiano. El libelo imputaba al exsecretario de Estado haber infringido la Carta Fundamental y diversas leyes en la conducción de las finanzas públicas, específicamente por supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y en el contenido del Informe de Finanzas Públicas. Sin embargo, durante el estudio de la comisión, los parlamentarios concluyeron que los antecedentes presentados no configuraban una responsabilidad jurídica concreta.
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
La comisión estuvo presidida por la diputada Marcela Hernando (PR) e integrada por los parlamentarios Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL), Joanna Pérez (Demócratas) y Luis Sánchez (Republicanos). Antes de la votación, la Secretaría precisó que cada diputado debía fundamentar su postura, iniciándose la ronda por orden alfabético. El diputado Bernales fue el primero en exponer, sosteniendo que una acusación constitucional requiere hechos concretos, responsabilidad personal, una norma infringida y antecedentes que permitan acreditar culpa o dolo. «No puede construirse sobre percepciones, sospechas o diferencias políticas», afirmó.
Bernales agregó que durante el desarrollo de la comisión no se conocieron antecedentes que acreditaran ocultamiento de información, engaño deliberado o actuaciones conscientemente contrarias al interés público. Planteó la interrogante sobre si el libelo se sustentaba en pruebas suficientes o simplemente en un desacuerdo político respecto a una gestión pasada. Concluyó votando en contra del libelo.
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
El independiente Carlos Bianchi respaldó la misma posición, señalando que «no existe ningún mérito jurídico para poder acoger esta acusación constitucional». Su voto se sumó al de Bernales y al de la presidenta Hernando, quien argumentó que si bien pueden existir conductas reprochables desde el punto de vista ético o moral, esas conductas tienen otros tipos de reproches, como los de la conciencia o los sociales. «Para que sean exigibles jurídicamente como deberes, deben estar contempladas precisa y exactamente en la ley», sostuvo Hernando, citando que la ley humana no prohíbe todos los vicios, sino los más graves.
La diputada Joanna Pérez optó por la abstención, justificando que no se iba a «estar para las trincheras» y que representa al centro político. Aseguró que apoya la gobernabilidad de este gobierno, pero pidió responsabilidad y señaló que espera que la sala dirima el asunto.
ÚNICO VOTO A FAVOR
El republicano Luis Sánchez fue el único que votó a favor de la acusación constitucional. En su intervención, preguntó si se va a normalizar que un ministro «embellezca artificialmente las cifras, engañando de esta forma a la ciudadanía y al Congreso». Sánchez argumentó que quienes detentan autoridad pública tienen una responsabilidad muy alta y que en instancias como esta se enfrentan a decisiones relevantes sobre cómo mantenerse a la altura del mandato ciudadano.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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