Un proyecto de ley que modifica el sistema de autocontrol en el pesaje de camiones ha generado un fuerte rechazo del empresariado chileno, que acusa al gobierno de José Antonio Kast de traspasar funciones propias del Estado al sector privado y de imponer costos millonarios a la cadena logística. La iniciativa, ingresada al Congreso en 2012 y reactivada en 2025, avanza actualmente en la comisión de Obras Públicas del Senado en segundo trámite constitucional, luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados en julio de 2025. Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 10 de junio pasado, lejos de calmar las críticas, las intensificaron.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El argumento central del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es la protección de la infraestructura vial. Un camión con sobrepeso acelera el deterioro de pavimentos, puentes y caminos, generando mayores costos de mantenimiento que recaen en el Estado. La propuesta busca ampliar la obligación de autopesaje a actores de la cadena logística que hoy no están cubiertos, como puertos, aeropuertos, terminales ferroviarios, centros de distribución, bodegas, almacenes extraportuarios y operadores logísticos. El umbral que activa la obligación es de 60 mil toneladas al año, equivalente a entre 4 y 6 camiones grandes por día.
El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, defiende la medida señalando que si no se controla el sobrepeso, el daño a la infraestructura vial es muy alto y termina pagándolo el contribuyente. Además, sostiene que la normativa permitirá que dos o más empresas presenten un plan de cumplimiento conjunto ante la Dirección de Vialidad y que cada firma use la tecnología que más le acomode.
LAS CRÍTICAS DEL SECTOR PRIVADO
El presidente de la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), Daniel Fernández, plantea que la fiscalización vial es una función exclusiva del MOP y Carabineros, y que radicarla en terminales portuarios u otros actores introduce distorsiones institucionales. A su juicio, el proyecto transfiere al sector privado funciones que la ley establece como propias del Estado. Fernández también advierte que registrar el sobrepeso en los accesos portuarios no sirve para cursar infracciones, ya que el daño a la carretera ya habría ocurrido, y que se generarán tiempos de espera que encarecerán el comercio exterior.
El gerente general de la Asociación Logística de Chile (Alog), Alexis Michea, considera que la medida ralentizará la logística al convertir trámites de segundos en maniobras de varios minutos. Según sus cálculos, el costo de la norma en contenedores y bodegaje alcanzaría los US$6.200 millones en 20 años, frente a los US$215 millones de ahorro en mantenimiento que estima el MOP a partir de un estudio de 2005. Michea califica el sistema propuesto como un censo permanente de carga a nivel nacional que no existe en ningún país del mundo.
COSTOS Y CONSECUENCIAS OPERATIVAS
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) detalla que instalar una romana de pesaje cuesta entre 32 y 43 millones de pesos por punto, adecuar una existente unos 20 millones adicionales y mantenerla cerca de 12 millones anuales. Para una cadena con 50 locales afectos, la cuenta del primer año podría superar los 2.500 millones de pesos. Además, muchas instalaciones comerciales se ubican en zonas urbanas consolidadas con limitaciones de espacio, lo que dificulta la instalación de básculas y zonas de espera. El pesaje podría restar entre 5 y 10 minutos por camión, generando una pérdida de eficiencia de hasta un 10% por jornada y congestión en las calles.
El presidente de la CNC, José Pakomio, señala que la iniciativa podría afectar centros de distribución, supermercados, grandes tiendas y bodegas, y que la falta de claridad sobre quién es el responsable en recintos arrendados o con múltiples operadores es un vacío relevante. No obstante, Pakomio afirma que no buscan frenar el proyecto, sino hacerlo técnicamente viable y equilibrado.
LA DEFENSA DEL MOP
El subsecretario Balmaceda sostiene que el sobrepeso no solo daña los caminos, sino que genera competencia desleal y se asocia a prácticas como el contrabando. Al controlar el peso y las dimensiones, se protege a los camioneros que cumplen las reglas y se frena a quienes operan al margen de la ley. Balmaceda califica de legítima la preocupación empresarial por los costos y asegura que las indicaciones reducirían este impacto. Afirma que el Ejecutivo está abierto a nuevas propuestas para que la ley funcione en la práctica y entregue resultados concretos.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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