El Senado rechazó este martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en una votación que desestimó los argumentos del libelo impulsado por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano. La decisión fue valorada por sectores de la oposición, que calificaron el resultado como una señal de madurez institucional y un fracaso para quienes buscaban convertir el proceso en un juicio político.
Con esta resolución, Grau evitó la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años, contemplada en el procedimiento de acusación constitucional. Los cargos sostenían que el exsecretario de Estado había infringido el principio de probidad al incumplir la regla fiscal y subestimar la deuda pública, entre otras imputaciones que la Sala consideró insuficientes.
RECHAZO EN EL SENADO
La Sala desestimó uno por uno los capítulos presentados, con lo que puso fin a un proceso que fue criticado transversalmente por su falta de fundamentos. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que el rechazo marca un hito sobre el estándar que deben cumplir este tipo de acciones constitucionales en Chile.
A su juicio, la acusación se fundó en elementos que fueron desacreditados con hechos, evidencia e informes del Consejo Fiscal Autónomo, además de análisis de constitucionalistas y economistas. Martínez destacó que el libelo quedó descartado al no acreditarse un conflicto fiscal atribuible al desempeño del exministro ni una situación fiscal que fuera producto de un problema del gobierno anterior.
La timonel opositora también valoró que parte del actual oficialismo decidiera rechazar la acusación tras analizar sus antecedentes, incluso cuando algunos sectores se sitúan en veredas políticas opuestas.
REACCIONES DESDE LA OPOSICIÓN
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores calificó el resultado como un ejemplo de madurez institucional del Senado, que no se dejó tentar por una votación política. El parlamentario criticó el elevado número de acusaciones constitucionales presentadas en los últimos dos gobiernos, entre veinticuatro y veinticinco, y aseguró que ese uso reiterado ha deteriorado el sentido de esta herramienta.
Flores fue categórico al señalar que ningún especialista pudo acreditar un error aritmético en el cálculo fiscal o un problema en la proyección, y que la acusación se convirtió en un mal uso de un instrumento delicado. Añadió que la derecha no obtuvo ni la mitad de los votos que esperaba, lo que calificó como un ridículo por parte de los parlamentarios que impulsaron el proceso.
CRÍTICAS A LOS IMPULSORES
Tras conocerse el resultado, senadores opositores lanzaron duras críticas contra los impulsores del libelo. El senador del Frente Amplio Diego Ibáñez afirmó que el rechazo representa el fracaso del show político de republicanos y libertarios, y acusó que la acusación buscaba desviar la atención de otros problemas como el alza del costo de la vida y la gestión en seguridad.
Ibáñez calificó el proceso como un bochorno parlamentario que hace perder tiempo valioso, desprestigia la labor legislativa y le falla al país cuando las urgencias reales son el empleo, la salud y los sueldos.
En la misma línea, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, describió el resultado como un fracaso rotundo y una muestra de poca seriedad. El senador comunista Daniel Núñez sostuvo que la decisión reafirma el correcto funcionamiento institucional y reprochó que la acusación carecía de fundamentos suficientes.
UN LLAMADO A LA MODERACIÓN
El senador de Demócratas, Matías Walker, instó a poner fin al festival de acusaciones entre los extremos, y argumentó que estos procesos distraen tiempo que debería destinarse a seguridad, empleo y listas de espera. Walker recordó que el Senado ha rechazado el 95% de las acusaciones constitucionales presentadas, y pidió que el desenlace sirva de lección a quienes han abusado de esta herramienta extrema.
La votación deja en evidencia la fractura entre quienes defienden el uso político de la acusación y quienes consideran que debe reservarse para casos de infracciones graves y comprobadas. El caso Grau refuerza la discusión sobre los límites de este mecanismo constitucional, cuyo uso desmedido ha sido cuestionado tanto por la oposición como por sectores del oficialismo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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