Superintendencia de Pensiones detalla criterios para el nuevo régimen de inversiones en reforma previsional
La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, junto a la Superintendencia de Pensiones, compareció este martes ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para informar sobre el estado de implementación de la reforma de pensiones. La instancia, que se extendió por varias horas, permitió conocer los avances concretos en la puesta en marcha del nuevo sistema y los criterios que está utilizando el regulador para definir el régimen de inversiones, un eje central de la transformación.
Cabezón entregó cifras del Instituto de Previsión Social que dan cuenta del impacto inicial de los nuevos beneficios. Según explicó, a mayo de 2026 los beneficios del Seguro Social, que incluyen el bono por años cotizados y la compensación por expectativas de vida, alcanzarán a 1,4 millones de personas, lo que se traduce en cerca de 1,8 millones de prestaciones. Detalló que un poco más de un millón de beneficiarios corresponde al bono por años cotizados, que reciben en promedio alrededor de 92 mil pesos. Por su parte, las beneficiarias de la compensación por expectativas de vida, aproximadamente 800 mil prestaciones, están percibiendo cerca de 20 mil pesos.
En materia de recaudación, la subsecretaria informó que desde agosto de 2025, cuando comenzó el cobro del Seguro Social, se han recaudado aproximadamente 661 mil millones de pesos. Este proceso involucra a más de 580 mil empleadores y a más de 7 millones de trabajadores cotizantes, lo que refleja la magnitud de la operación que está en marcha.
NORMA TIVA Y RÉGIMEN DE INVERSIONES
El jefe de la División de Desarrollo Normativo de la Superintendencia de Pensiones, Patricio Ayala, señaló que desde el regulador se han emitido 38 normativas destinadas a implementar la reforma. Este trabajo normativo es la base sobre la cual se está construyendo el nuevo marco regulatorio.
La intendenta de Regulación de la Superintendencia de Pensiones, Ursula Schwarzhaupt, fue la encargada de exponer los criterios que guían el desarrollo del régimen de inversiones. Aunque advirtió que no podía revelar detalles porque la publicación es inminente, entregó lineamientos relevantes. Explicó que el DL 3.500 anterior a la reforma contemplaba como objetivos la rentabilidad y la seguridad de los fondos, pero la nueva ley agregó un objetivo primordial: la pensión de las personas. Este cambio, según Schwarzhaupt, modifica sustancialmente la forma de evaluar el régimen de inversiones.
Schwarzhaupt reveló que la Superintendencia trabaja con la consultora Mercer, que ha desarrollado un modelo de simulación de pensiones. Este modelo, dado un portafolio determinado, permite estimar cuánto pueden esperar recibir los pensionados considerando sus historias laborales y perfiles de cotización, adaptado a la realidad laboral chilena. La autoridad enfatizó que no sirve importar un modelo extranjero si no recoge las particularidades del mercado laboral local.
Además, la Superintendencia ha desarrollado un modelo interno propio, diferente al de Mercer, para contrastar resultados y evaluar el impacto en la seguridad y el nivel de las pensiones, incorporando los beneficios sociales. Este doble modelo permitirá generar capacidades internas hacia el futuro y no depender exclusivamente de un consultor externo.
Schwarzhaupt aseguró que el trabajo es continuo: se partirá con un régimen de inversiones inicial, pero se perfeccionará y mejorará en el tiempo. La transición debe ser suave y no generar impactos negativos. En cuanto a los esquemas de desempeño, indicó que se evalúan tanto la propuesta del consultor como las conversaciones con el Consejo Técnico de Inversiones, con el objetivo de establecer incentivos que mejoren el retorno y, en consecuencia, las pensiones de todos los trabajadores.
DEBATE PARLAMENTARIO: DECRETO TARIFARIO, PGU Y ROL DEL SUPERINTENDENTE
En la segunda parte de la sesión, los parlamentarios formularon preguntas a las autoridades. La diputada Gael Yeomans (FA) consultó a la subsecretaria Cabezón sobre las razones por las cuales se retiró de Contraloría el decreto tarifario del IPS, que regula los servicios de administración de cuentas y soporte.
Cabezón explicó que cuando asumió la subsecretaría, el decreto ya llegaba con observaciones de la propia Contraloría. Tras analizarlo, la subsecretaría y el Ministerio de Hacienda también encontraron observaciones. La autoridad calificó el decreto como «muy delicado», porque una mala regulación puede comprometer recursos fiscales y afectar la competencia en la administración de cuentas, lo que impactaría la calidad del servicio a los afiliados. Aseguró que se está trabajando con urgencia para reingresarlo lo antes posible.
Yeomans también preguntó por eventuales recortes a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y sobre la evidencia de un fraude social en ese beneficio. Cabezón respondió que la PGU se mantendrá para todos quienes cumplan los requisitos legales, sin tocar el beneficio. Sin embargo, señaló que se está realizando un cruce de datos para verificar la correcta asignación de beneficios sociales. Mencionó que un primer reporte identificó casos, aunque no muchos, de personas fallecidas que seguían recibiendo la PGU, por lo que se busca que los beneficios lleguen solo a quienes corresponden según la ley.
Por su parte, el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) cuestionó al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, sobre su rol en la implementación de la reforma, considerando su trayectoria en la industria de AFP. Ulloa lo calificó como «un hombre de la industria». Cortez se defendió señalando que su pasado incluye haber sido presidente de una AFP, director de otra en el extranjero, director de una compañía de seguros y de una AGF, pero destacó que durante 12 años fue gerente de inversiones de una AFP, donde implementó los multifondos y lideró la defensa de los minoritarios y afiliados.
Cortez afirmó que hoy no tiene ninguna relación con las AFP, aparte de ser pensionado, y que su función es la correcta implementación de la ley, no un cargo político. Aseguró que en la implementación del régimen de inversiones existen contrapesos importantes y una institucionalidad funcionando, por lo que la definición no depende exclusivamente del superintendente.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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