El exmandatario Gabriel Boric volvió a la escena pública para criticar duramente la estrategia de cobranza que la Tesorería General de la República aplica sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado. La paradoja es que la actualización de las facultades legales que hoy permiten esos embargos fue impulsada durante su propia administración.
Hasta ahora, la Tesorería ha ejecutado embargos de cuentas corrientes incluso a personas que perciben ingresos inferiores a los 3,5 millones de pesos mensuales, dejando esas cuentas sin saldo disponible. La medida ha generado malestar entre sectores deudores y ha sido impulsada políticamente por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, si bien las facultades legales que permiten estos cobros existían previamente y fueron actualizadas en la Ley de Cumplimiento Tributario, promulgada durante la administración de Gabriel Boric.
En una publicación en su cuenta de X, Boric cuestionó directamente las prioridades del gobierno. Preguntó dónde están las prioridades, por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras endeudadas mientras se mantiene permisividad con los negocios del crimen organizado. La declaración se produce en medio del debate legislativo sobre seguridad pública y la discusión por el proyecto de ley contra el crimen organizado impulsado por el Ejecutivo.
CONTEXTO DE LA LEY ANTIEVASIÓN
La Ley de Cumplimiento Tributario, conocida como norma antievasión, fue ingresada al Congreso en 2023 y promulgada en 2024 durante el gobierno de Boric. La norma formó parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Su objetivo central fue dotar al Estado de herramientas más efectivas contra la elusión y evasión tributaria de grandes fortunas.
Al momento de la promulgación, Boric sostuvo que la ley era un acto de justicia con Chile y con los emprendedores que pagan sus impuestos con esfuerzo. Afirmó que la normativa no incrementaba la carga impositiva de las personas y que contenía medidas para emparejar la cancha de las micro, pequeñas y medianas empresas formalizadas, incentivando la formalización. Destacó que se avanzaba hacia un sistema tributario más justo y equitativo.
El entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su confianza en que la ley permitiría allegar los recursos fiscales necesarios para el Presupuesto 2025, especialmente en el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, salud y seguridad.
FACULTADES DE TESORERÍA
Entre los cambios más significativos introducidos por la Ley de Cumplimiento Tributario se encuentra la actualización de la facultad de la Tesorería General de la República para despachar mandamientos de ejecución y embargo de manera más ágil. La norma permitió a TGR actuar directamente contra la nómina de deudores morosos sin necesidad de trámites judiciales previos, y además amplió los bienes embargables.
Esta modificación legal es la que hoy habilita los embargos de cuentas corrientes a deudores del CAE. Según lo explicado por la propia Tesorería, cuando un deudor deja de pagar el crédito por un período prolongado, el banco donde se mantiene la deuda cobra la garantía al Estado. En ese momento el Estado asume la deuda y encarga su recuperación a TGR, que se convierte en la institución responsable de gestionar el cobro.
La crítica de Boric apunta justamente a que estas herramientas, diseñadas para combatir la evasión de grandes contribuyentes, se estén aplicando con dureza sobre deudores del sistema educativo, cuyas condiciones financieras son notablemente más precarias. La controversia deja al descubierto una tensión entre la eficacia recaudatoria y la protección de los deudores de créditos estudiantiles.
La discusión parlamentaria en torno al crimen organizado y la seguridad pública se cruza así con la política de cobranza de la deuda educativa. El gobierno actual ha impulsado políticamente esta medida, pero la intervención del exmandatario agrega presión sobre la mesa.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
