Este jueves, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago será el escenario de la audiencia de formalización contra 11 socios de Sartor Administradora General de Fondos, entre ellos el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark. La causa representa la primera gran aplicación práctica de la nueva Ley de Delitos Económicos, norma diseñada para endurecer las penas en casos de cuello y corbata.
La investigación del Ministerio Público se originó a partir de fiscalizaciones de la Comisión para el Mercado Financiero que detectaron graves irregularidades y presunto abuso fiduciario en la gestora, ocurridas entre 2020 y la fecha. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía, que presentará imputaciones por diversos ilícitos.
LOS CARGOS Y LAS IRREGULARIDADES
Los fiscales formalizarán a los imputados por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones. Estos dos últimos delitos fueron detectados durante el desarrollo de la investigación.
La CMF constató que Sartor AGF utilizó recursos de fondos mutuos y de inversión pública para prestar dinero a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas con problemas de liquidez y sin garantías adecuadas. Según la causa, «un grupo de imputados, entre ellos Clark, estructuraron un esquema para utilizar a Sartor AGF para financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, en conflicto con el interés de los aportantes».
Como consecuencia, el regulador aplicó multas históricas que suman 367.500 UF y revocó el permiso de funcionamiento a la gestora.
LOS FORMALIZADOS Y LOS AFECTADOS
La lista de formalizados incluye a Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y ex presidente de Sartor; Michael Clark Varela; Carlos Larraín Mery; Alfredo Harz Castro; Oscar Ebel Sepúlveda; Mauro Valdés Raczynski; Miguel León Núñez; Rodrigo Bustamante García; Hugo Baranda Peralta; Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.
En una carta publicada por El Mercurio en junio pasado, 55 querellantes relataron el impacto de haber invertido en Sartor AGF. «Somos personas comunes: jubilados que depositaron sus recursos acumulados durante años de trabajo; profesionales, dueños de pequeñas empresas, padres y madres de familia. Confiamos en una institución fiscalizada por el propio Estado», señalaron. Agregaron que «el resultado ha sido devastador» y que muchos dependen de sus hijos para gastos básicos o han visto truncados sus planes de jubilación.
EL DEBUT DE LA NUEVA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
Según consignó El Mercurio, en esta causa se estrenará la nueva Ley de Delitos Económicos. José Ignacio Camus, socio de la firma de compliance AdmiralOne, explicó que «con esta ley, la cárcel efectiva para delitos de cuello y corbata deja de ser una posibilidad meramente teórica porque fue diseñada precisamente para reducir la sensación de que los grandes delitos económicos terminaban en una multa, firma mensual o cursos de ética».
Camus precisó que, si bien la ley no garantiza cárcel para todos los eventuales culpables, modifica atenuantes que antes permitían una penalización simbólica. «La irreprochable conducta anterior ya no opera como atenuante habitual. Ser director, gerente general o encontrarse en una posición superior dentro de la empresa puede transformarse en una agravante muy calificada», señaló. El abogado planteó que este caso «puede convertirse en la primera gran prueba pública» de la nueva normativa.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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