El gobierno anunció una solicitud al Congreso para aumentar el límite de endeudamiento público en US$6.200 millones adicionales para 2026, lo que elevaría el tope autorizado de US$18.000 millones a US$24.200 millones. La medida fue comunicada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien detalló que la iniciativa ingresará con suma urgencia a la Cámara de Diputados.
La autorización busca cubrir un déficit fiscal mayor al proyectado originalmente en la Ley de Presupuestos. Según explicó Quiroz, el Informe de Finanzas Públicas reveló una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos, generando un déficit de 2,4 puntos del PIB para el año en curso, cifra superior al 1,5% considerado al elaborar el presupuesto. A este desfase se suma el efecto del tipo de cambio, lo que arroja una necesidad de US$4.700 millones.
A ese monto, el Ejecutivo agregó US$1.500 millones destinados a cubrir obligaciones con proveedores del Estado, en particular pequeñas y medianas empresas. Quiroz señaló que solicitar solo los US$4.700 millones implicaría postergar pagos comprometidos con estos acreedores, por lo que se optó por incluir ese capital de trabajo adicional.
IMPACTO EN EL NIVEL DE DEUDA PÚBLICA
El mayor endeudamiento modificará las proyecciones de deuda como porcentaje del PIB. El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre estimaba que la deuda pública cerraría 2026 en 41,3% del PIB. Sin embargo, con los nuevos recursos, cálculos de expertos indican que la cifra se situaría entre 44,6% y 44,8%, rozando el límite prudencial del 45% fijado como meta por la administración anterior y validado por el Consejo Fiscal Autónomo.
De mantenerse el escenario actual de proyecciones de crecimiento y tipo de cambio, ese techo podría superarse ya en 2027. Frente a esta perspectiva, el ministro Quiroz afirmó que el gobierno trabaja en el decreto de política fiscal con el propósito de no sobrepasar ese umbral, aunque reconoció que deberá coordinarse con otras medidas.
COSTO ADICIONAL EN INTERESES
El aumento de la deuda también implicará un mayor gasto por concepto de intereses. Expertos consultados proyectan que el costo adicional oscilará entre US$200 millones y US$300 millones anuales, sobre los aproximadamente US$4.700 millones ya contemplados.
Carolina Grünwald, economista jefa de Prudential AGF, estimó un costo cercano a US$250 millones al año considerando emisiones recientes y una tasa de 4%. Juan Ortiz, del OCEC-UDP, lo calcula en unos US$200 millones, señalando que el impacto se reflejaría desde 2027 dependiendo del perfil de vencimiento de la deuda. Otras fuentes ubican el rango entre US$250 y US$300 millones, asumiendo una tasa de interés de entre 4% y 5% y la emisión de la totalidad del monto solicitado.
REACCIÓN DEL MERCADO Y PRESIÓN SOBRE TASAS
Aunque el mercado anticipaba una solicitud de mayor deuda, la magnitud de US$6.200 millones superó las expectativas. Andrés Pérez, economista jefe de Banco Itaú, calificó el monto como elevado y advirtió que su emisión en el mercado local podría presionar al alza las tasas largas, sugiriendo evaluar una colocación significativa en el extranjero.
Rafael Mendoza, analista de Renta 4, indicó que el anuncio no estaba contemplado y que, en teoría, debería generar una presión alcista sobre las tasas de endeudamiento locales. Samuel Carrasco, de Credicorp Capital, señaló un impacto negativo con alzas en las tasas de interés, y dio cuenta de un aumento cercano a 10 puntos base en la deuda soberana tras el anuncio. Felipe Alarcón, de Euroamerica, agregó que un eventual deterioro en la clasificación de riesgo podría exigir mayores retornos, y que el solo aumento de la oferta de deuda en moneda local elevaría las tasas.
RIESGO SOBERANO Y CLAVE DEL DECRETO FISCAL
La pregunta sobre un posible impacto en la clasificación crediticia de Chile divide a los analistas. La mayoría sostiene que, por ahora, no habría una revisión negativa, pero que el pronunciamiento dependerá del contenido del decreto de política fiscal que el gobierno debe publicar. Ese documento deberá delinear la trayectoria hacia el equilibrio fiscal estructural y definir si se mantiene o no el límite del 45% del PIB como techo de deuda.
Andrés Pérez valoró las medidas de prudencia fiscal adoptadas, como el ajuste implementado y las mejoras en gestión y cobranza, y subrayó que las clasificadoras evalúan la credibilidad institucional. Sostuvo que la senda propuesta debe ser desafiante pero creíble, y que urge moderar el impacto deficitario del proyecto de reconstrucción nacional.
Sergio Lehmann, de Bci, consideró que las clasificadoras estarán atentas al compromiso del gobierno para converger gradualmente al equilibrio fiscal, y que por ahora no habría revisión, pero sí una vigilancia activa. Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, insistió en que lo relevante será la información del decreto fiscal y la proyección de reducción del déficit hacia fines de la década.
Samuel Carrasco advirtió que un deterioro más acelerado de lo previsto en la deuda pública podría generar presión sobre la perspectiva y la clasificación crediticia del país.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
