La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió retrasar por seis meses la entrada en vigor de una circular que extiende las restricciones crediticias a las sociedades «aguas abajo», una medida que había generado un fuerte rechazo en la banca y que incluso derivó en una acción judicial. La decisión, comunicada oficialmente por el regulador, modifica el cronograma original y fija una nueva fecha de vigencia para diciembre de 2026.
La Circular N° 2.364, cuyo contenido busca prohibir que los bancos otorguen créditos a sus propios directores, apoderados generales, cónyuges, convivientes civiles, hijos menores y a las sociedades en las que cualquiera de ellos tenga participación, ya sea directa o indirecta, es el centro del conflicto. Hasta antes de esta modificación, la prohibición no alcanzaba a las entidades donde la participación era indirecta, lo que cambiaba sustancialmente el perímetro de las operaciones prohibidas.
POSTERGACIÓN DE LA NORMA
La CMF explicó que la postergación responde al «costo regulatorio involucrado en la implementación de la normativa». En un comunicado, el organismo señaló que, en uso de sus facultades, decidió posponer la entrada en vigencia hasta el 26 de diciembre de 2026. La circular fue definida el 19 de junio de 2025, y su entrada en vigencia ha sido postergada hasta esa nueva fecha.
La CMF justificó la postergación en el costo regulatorio involucrado en la implementación de la normativa. La nueva fecha otorga seis meses adicionales para su implementación.
RECLAMO DE LOS BANCOS
La ampliación de la prohibición a las sociedades «aguas abajo» generó malestar en el sector financiero. Según información de Pulso, los bancos recurrieron a la justicia mediante un reclamo de ilegalidad contra la CMF, cuestionando no solo el alcance de la normativa, sino también su legalidad y la prolijidad del proceso administrativo.
Los bancos criticaron que la CMF recién el 28 de julio de 2025 se dio cuenta de que era necesario otorgar un año de plazo para que los cambios pudieran ser implementados tanto por las entidades crediticias como por sus clientes. Esta percepción de falta de coordinación y de plazos insuficientes fue uno de los principales argumentos esgrimidos por la industria para oponerse a la medida.
ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN
La norma en cuestión apunta a evitar conflictos de interés y operaciones crediticias que puedan beneficiar de manera indebida a personas vinculadas con la administración bancaria. La inclusión de las sociedades «aguas abajo» extiende la prohibición a aquellas donde la participación es indirecta, situación que antes no estaba cubierta.
La CMF amplió el perímetro de personas relacionadas para incluir las sociedades de participación indirecta. Sin embargo, la implementación práctica implica un desafío para los bancos, que deben revisar sus bases de datos, contratos y políticas de crédito para identificar a todas las personas y sociedades que quedarían comprendidas en la restricción.
IMPACTO PARA EL SISTEMA BANCARIO
La postergación otorga un respiro a la banca, que enfrentaba la necesidad de adecuar sus sistemas antes de que la norma entrara en vigor. No obstante, la medida no elimina la obligación, solo la retrasa. Los bancos deberán, durante el nuevo plazo, implementar los cambios necesarios para cumplir con la circular.
El reclamo de ilegalidad presentado ante la justicia sigue vigente, y su resultado podría influir en el texto final de la normativa o incluso en su aplicación. El sector financiero espera que el nuevo plazo permita una implementación ordenada y con menor impacto en las operaciones.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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