CONTRALORÍA DETERMINA QUE MODIFICACIÓN A CONSEJOS DE FACULTAD DE LA U. DE CHILE NO ALTERA ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL
La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que concluye que la modificación de la composición de los Consejos de Facultad de la Universidad de Chile, mediante la incorporación de estudiantes y personal de colaboración elegidos por sus pares, no representa una alteración de la estructura orgánica general de la casa de estudios. En consecuencia, el proceso no requería un pronunciamiento previo del Consejo Universitario.
La consulta fue presentada por el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle Vial, junto con varios senadores universitarios, quienes impugnaron la legalidad de la reforma del artículo 36 de los Estatutos y las modificaciones reglamentarias asociadas. Tras examinar la normativa aplicable, incluyendo la Ley de Universidades Estatales y los Estatutos de la Universidad de Chile, el órgano contralor determinó que la estructura orgánica general está compuesta por los órganos superiores y la estructura académica básica, como facultades, departamentos, institutos, centros y escuelas, sin que los Consejos de Facultad formen parte de esa organización esencial.
ANÁLISIS DE LA CONTRALORÍA
El dictamen precisó que los Consejos de Facultad son instancias colegiadas internas de cada facultad, por lo que una modificación en su integración no implica crear, suprimir ni reconfigurar órganos de la estructura general. Por ello, la reforma al artículo 36 se enmarca en la atribución del Senado Universitario para aprobar propuestas de modificación estatutaria, conforme al artículo 25, letra a).
Asimismo, la Contraloría descartó que fuera necesaria una consulta obligatoria a la comunidad universitaria. Recordó que el dictamen de 2022 ya estableció que dicha consulta solo es obligatoria para cambios en los Títulos I y II de los Estatutos, mientras que la modificación del artículo 36, ubicado en el Título III, no afecta los principios generales y armoniza con el reconocimiento de los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
EFECTOS DEL DICTAMEN
En consecuencia, el organismo contralor determinó que tanto la modificación estatutaria aprobada mediante el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Educación en 2023, como las posteriores adecuaciones a los reglamentos General de Facultades y General de Elecciones y Consultas, no requerían del pronunciamiento previo del Consejo Universitario. Bastó con la intervención del Senado Universitario en ejercicio de su potestad normativa.
Finalmente, la Contraloría señaló que no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre la delegación de potestades legislativas conferidas al Presidente de la República en el artículo 60 de la Ley N° 21.526, ya que esa revisión se realizó durante la toma de razón del decreto con fuerza de ley número 17, de 2023.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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