Los derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema penal chileno fueron el tema central de una nueva edición de «En palabras simples», programa del Poder Judicial difundido a través de su canal de YouTube. La entrevistada fue la magistrada Nora Rosati, jueza del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y representante del Poder Judicial en políticas de derechos de infancia.
Rosati explicó que, a partir de la Convención de Derechos del Niño, se ha impulsado un cambio de paradigma desde una visión proteccionista o asistencialista hacia considerar a los menores como sujetos plenos de derecho. Esto implica que el Estado no solo debe garantizar que no se obstaculice el ejercicio de sus derechos, sino que los propios niños y adolescentes pueden y deben exigir el cumplimiento de todas las garantías que les corresponden.
En la conversación se detallaron los derechos específicos que deben resguardarse cuando un menor participa como víctima, testigo o imputado en un proceso penal. La magistrada destacó la importancia de los ajustes necesarios para que el menor entienda el proceso, como el uso de un lenguaje adecuado, lugares especiales y la aplicación de la ley de entrevista videograbada.
Uno de los puntos centrales fue la garantía de la voluntariedad. Rosati subrayó que el menor tiene derecho a decidir si participa o no y puede detener su participación en cualquier momento. Si decide hacerlo, el sistema debe proporcionar todas las condiciones para evitar la victimización secundaria.
La jueza también se refirió a la fiscalización entre las instituciones del sistema penal, como policías, Ministerio Público, Defensoría y el propio Poder Judicial. Explicó que la subcomisión de la entrevista videograbada se reúne periódicamente para evaluar fallos y aplicar mejoras. Los análisis recientes, correspondientes al período 2024-2025, aún detectan problemas en la etapa de denuncia, como la falta de un espacio adecuado para el menor o preguntas inapropiadas.
Rosati enfatizó que cualquier incumplimiento de estas garantías constituye una falta funcionaria que puede ser denunciada ante los superiores jerárquicos. El objetivo final es que el sistema penal se adapte al niño y no al revés, asegurando su participación informada y libre.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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