Nueve exalcaldes de Santiago firmaron una carta pública en la que emplazan a las más altas autoridades del país a intervenir con urgencia frente a la escalada de violencia que afecta al Instituto Nacional José Miguel Carrera. El pronunciamiento, difundido este sábado como carta al director en El Mercurio, surge una semana después de que estudiantes lanzaran bombas molotov contra personal de Carabineros en horario escolar, hecho que derivó en el incendio de un vehículo donde había dos menores de edad.
Los exjefes comunales advierten que los hechos de violencia constituyen una prueba irrefutable del colapso de la autoridad y de la profunda crisis que vive el establecimiento, considerado un emblema de la educación pública chilena, lo que exige una respuesta firme del Estado, con pleno respeto al debido proceso.
LOS FIRMANTES Y EL CONTENIDO DEL ESCRITO
El grupo está integrado por María Eugenia Oyarzún, Patricio Guzmán, Carlos Bombal, Máximo Honorato, Jaime Ravinet, Joaquín Lavín, Raúl Alcaíno, Pablo Zalaquett y Felipe Alessandri, todos ellos exautoridades de la comuna de Santiago. En la misiva sostienen que les asiste un deber cívico de emplazar a los poderes del Estado a adoptar medidas urgentes y eficaces para frenar lo que describen como un proceso de degradación, violencia e impunidad.
Los firmantes afirman que las imágenes de alumnos fabricando artefactos incendiarios en el patio del recinto y lanzándolos contra la vía pública y las fuerzas de orden constituyen una prueba irrefutable de la crisis. A su juicio, esa situación ocurre ante la presencia de estudiantes, profesores y funcionarios, lo que agrava la gravedad institucional.
En el plano académico, los exalcaldes critican el deterioro del proyecto educativo. Señalan que hace pocos años el liceo registraba más de treinta postulantes por cada vacante, mientras que hoy muchas de ellas no logran ocuparse. Además, recuerdan que el establecimiento solía ser el principal aportante de máximos puntajes nacionales que postulaban a las universidades, y que en la actualidad no se registra ninguno.
LA EXIGENCIA DE APLICAR TODO EL RIGOR DE LA LEY
La carta plantea un llamado directo a exalumnos, padres y apoderados, profesores, funcionarios y estudiantes. En ese punto, los firmantes detallan las medidas que estiman impostergables: la expulsión o suspensión de los estudiantes que tomen parte en actos violentos, sanciones para los adultos que resulten involucrados, la detención de quienes se cubren con overoles blancos para agredir a Carabineros y la identificación de los responsables de organizar, financiar o instigar estas conductas.
Los exalcaldes enfatizan que estos hechos van más allá de una protesta estudiantil legítima y obedecen a la manipulación de menores por parte de adultos con intereses externos al liceo. En consecuencia, reiteran que las autoridades deben determinar las responsabilidades y recomponer el Estado de Derecho en el plantel.
Asimismo, denuncian la evidente falta de capacidad de la dirección del recinto y del Servicio Local de Educación Pública para hacer frente a esta situación. A su juicio, las autoridades estatales no pueden permanecer impasibles ante un problema que, advierten, ya se ha propagado a otros establecimientos simbólicos.
EL CONTEXTO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA
Los disturbios al interior del Instituto Nacional se han prolongado por semanas. El episodio más grave ocurrió cuando estudiantes lanzaron bombas molotov contra Carabineros durante el horario de clases, lo que provocó el incendio de un vehículo en cuyo interior se encontraban dos menores de edad. Ese hecho marcó un punto de inflexión y motivó el pronunciamiento público de los exalcaldes.
La carta fue publicada en un medio de circulación nacional y se enmarca en un debate más amplio sobre la seguridad al interior de los liceos públicos y el rol de las comunidades educativas en la prevención de la violencia. Los firmantes advierten que el Instituto Nacional pertenece al patrimonio histórico y educacional del país y que debe ser rescatado antes de que sea demasiado tarde.
Para los exalcaldes, la situación actual no admite más dilaciones. El llamado a aplicar todo el rigor de la ley, siempre dentro del marco del debido proceso, busca enviar una señal clara contra la impunidad. La carta concluye con una advertencia sobre el riesgo de que la violencia organizada termine por destruir una institución que históricamente ha sido formadora de jóvenes en Chile.
Las autoridades aún no han respondido públicamente al emplazamiento, aunque la presión política y ciudadana sobre el caso ha ido en aumento. Mientras tanto, la comunidad educativa del Instituto Nacional sigue a la espera de medidas concretas que permitan recuperar la normalidad y la seguridad al interior del establecimiento.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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