El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el proyecto Escuelas Protegidas no solo representa un revés legislativo para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, sino que podría tener un efecto dominó sobre otra de sus iniciativas emblemáticas: el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Así lo advirtió el abogado Pablo Sandoval, quien defendió ante el TC el requerimiento presentado por diputados de oposición, en declaraciones al programa Desde la Redacción de La Tercera.
EL FALLO Y SUS ALCANCES
Sandoval sostuvo que, una vez que se conozcan los argumentos detallados de la sentencia, se podrá dimensionar plenamente el impacto político y jurídico de la decisión. En su análisis, el abogado señaló que la línea argumental del TC podría extenderse a otras normas impulsadas por La Moneda. “Es posible que pueda tener algún efecto, en la medida que la argumentación del TC se refiera, por ejemplo, a la naturaleza jurídica de la gratuidad, a las relaciones con el derecho a la educación, con el deber de progresividad que existe en materia de derechos sociales en tratados internacionales”, explicó.
Esta advertencia coloca en el centro del debate al Registro Único de Vándalos e Incivilidades, otra promesa legislativa del gobierno que busca identificar y sancionar a quienes participen en actos de violencia durante manifestaciones. El abogado planteó que los mismos principios de debido proceso y no regresividad aplicados al caso de Escuelas Protegidas podrían ser utilizados para impugnar esa futura normativa.
GRATUIDAD Y DEBIDO PROCESO
El profesional profundizó en las razones que, a su juicio, llevaron al TC a frenar la pérdida automática de la gratuidad universitaria contemplada en el proyecto. “Si es una sanción tiene que pasar por un juzgamiento, eso es un principio fundamental del debido proceso, no hay sanción válida sin juzgamiento”, afirmó Sandoval. Recordó que la propuesta original establecía una “inhabilidad absoluta, automática” para quienes fueran condenados por ciertos delitos, sin posibilidad de discutir la medida en sede judicial, salvo para adolescentes.
En el caso de los mayores de 18 años, la sanción implicaba la pérdida de la gratuidad por cinco años, sin audiencia ni defensa previa. Para Sandoval, esa automaticidad vulnera garantías constitucionales básicas, lo que explica el pronunciamiento del tribunal. “El Estado chileno tiene que ir avanzando y nunca retrocediendo, y cuando se toman medidas que son regresivas —no tengo dudas que en este caso es una medida regresiva— tiene que justificarse muy bien su necesidad, su idoneidad”, agregó.
LA REVISIÓN DE MOCHILAS
Ante la posibilidad de que el oficialismo impulse una reforma constitucional para permitir la revisión forzosa de mochilas en los establecimientos educacionales, Sandoval fue categórico en su crítica. Consideró que esa alternativa “es una forma de redoblar la apuesta”, pero dudó de su viabilidad jurídica. “Yo diría que en esto hay suficientes argumentos para defender la idea de que la revisión forzosa de mochilas no es una medida necesaria e idónea para avanzar en los problemas que tiene el sistema educativo”, sostuvo.
El abogado advirtió que al gobierno le será difícil demostrar que forzar a un estudiante a exhibir el contenido de su mochila reporta beneficios concretos en materia de seguridad escolar, al tiempo que respeta los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
CUESTIONAMIENTOS AL TC
Consultado sobre la paradoja de que sectores que antes criticaban al Tribunal Constitucional hoy recurran a él, Sandoval defendió la legitimidad de la acción. “Uno no puede desconocer que es la Constitución que tenemos, que entrega una serie de herramientas que creo que son completamente válidas de utilizar y sobre todo, establece un marco de derechos fundamentales para todas las personas, sobre todo en este caso para niños, niñas y adolescentes que son de fundamental protección”, señaló.
Para el abogado, la discusión que se puso sobre la mesa en el requerimiento contra Escuelas Protegidas “tenía muchos fundamentos jurídicos”, más allá de las posiciones políticas de quienes recurrieron al tribunal. La decisión del TC, afirmó, se basó en principios constitucionales sólidos que ahora obligan al gobierno a replantear su estrategia legislativa.
El fallo de Escuelas Protegidas no solo frena una política educativa del Ejecutivo, sino que siembra dudas sobre el futuro del Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Mientras el oficialismo evalúa sus próximos pasos, los sectores de oposición ya anticipan que los argumentos de esta sentencia podrían replicarse en futuras impugnaciones. La comunidad jurídica espera ahora la publicación íntegra de los fundamentos para calibrar el verdadero alcance de una derrota que, según Sandoval, trasciende lo educativo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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