El gobierno del Presidente José Antonio Kast encara la fase decisiva de su megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica con la intención de despacharlo a ley lo antes posible y limitar a dos las observaciones presidenciales. La estrategia final se definirá este lunes en la reunión del comité político y tiene como telón de fondo la votación pendiente en el Senado sobre la compensación fiscal a los municipios.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es quien ha empujado con más fuerza para que la iniciativa complete su tramitación sin más demoras. Para el Ejecutivo, los trámites que restan son retoques, porque el núcleo de la megarreforma ya está aprobado y a la espera de promulgación.
Entre los contenidos ya zanjados figuran la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y el Biobío; la rebaja del impuesto a las empresas de 27% a 23%; la reintegración tributaria; la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales; la rebaja de contribuciones para mayores de 65 años; la nueva franquicia Sence; y un acotado crédito al empleo.
RECTA FINAL DE LA MEGARREFORMA
De los 63 artículos de la iniciativa, 38 permanentes y 25 transitorios, ocho fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional por la oposición: los artículos 5, 6, 11, 12, 13, 17, 29 y 38. Las objeciones apuntan a concesiones de acuicultura, calificación medioambiental, el derecho a indemnización para inversionistas y la invariabilidad tributaria.
Superado el trámite legislativo y los vetos, el gobierno espera el control preventivo del TC sobre las normas no impugnadas para promulgar la ley. Si queda un litigio pendiente, Kast debería abstenerse de promulgar transitoriamente los artículos en cuestión.
VOTACIÓN CLAVE EN EL SENADO
El martes, el Senado votará el último artículo pendiente: la compensación fiscal a los municipios por la menor recaudación derivada de la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años. La fórmula dividió a los alcaldes. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, del Frente Amplio, la calificó de aberrante, porque favorece a comunas con más espalda financiera como Las Condes.
La oposición no descarta presentar un cuarto requerimiento al TC, aunque esa norma debe ser revisada obligatoriamente por modificar la Ley Orgánica sobre Municipalidades. Por eso La Moneda necesita 26 votos en la sala, no una mayoría circunstancial.
El 22 de julio, ese quórum arruinó el despacho del proyecto. Fallaron la ausencia del senador Enrique van Rysselberghe, de la UDI, y el anuncio de Gustavo Sanhueza, también UDI, de no respaldar el mecanismo de la comisión mixta.
También pesaron las dudas de Rojo Edwards, independiente asociado a RN, y de Matías Walker, independiente ligado a Evópoli, quien exigía un veto para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, golpeada por un temporal.
La Moneda rechazó esa exigencia y comprometió recursos para Coquimbo en la Ley de Presupuestos de 2027. Walker mantuvo el suspenso sobre su voto, pero dejó de insistir en el veto y solo pidió claridad sobre la reconstrucción, incluso mediante el fondo de la Ley 20.444.
Sanhueza, tras reunirse con el ministro García, adelantó que no será obstáculo. Con ambas señales, el gobierno queda a un paso de aprobar el artículo, aunque no lo considera estratégico, porque la menor recaudación municipal puede resolverse en la Ley de Presupuestos.
LOS DOS VETOS EN CURSO
El Ejecutivo ingresará a más tardar el miércoles un par de vetos presidenciales, las observaciones constitucionales. Si Quiroz logra su objetivo, ambas cámaras las votarán entre miércoles y jueves.
Serán vetos supresivos. Apuntan al artículo que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses, el anatocismo, del diputado Héctor Ulloa, independiente del PPD, y al derecho al olvido financiero, de la senadora Daniella Cicardini, del PS.
Quiroz ya había anunciado la objeción al anatocismo. El derecho al olvido dividía al oficialismo, pero el gobierno se comprometió con diputados libertarios y republicanos a vetarlo.
En los vetos supresivos, la Constitución da una posición dominante al Presidente. Para reponer el texto vetado se necesitan dos tercios de los diputados, 103 votos, y dos tercios de los senadores, 33 votos. Si no se logran, no hay ley en esa parte. Al Ejecutivo le basta un tercio de los legisladores.
GESTO A LA OPOSICIÓN
El gobierno, en todo caso, hará un gesto a la oposición y no vetará otras dos normas objetadas por Quiroz: el pago a 30 días para las pymes, de los senadores Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, y la restitución y prohibición de cortar servicios básicos en zonas siniestradas de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, de la diputada Sofía González, del PC.
Ambas medidas llegarían a la ley final, salvo que parlamentarios del oficialismo o el propio Ejecutivo recurran al Tribunal Constitucional.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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