ROL N° 18435-01, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
PERIODO LEGISLATIVO 2026-2030 LEGISLATURA 374
Establece un mecanismo de trazabilidad y control de insumos, maquinaria y bienes críticos rurales
SESIÓN N° 41
PRIMER TRÁMITE CONST.
FECHA 08-07-2026
SEGUNDO TRÁMITE CONST. (S)
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS DE TRAZABILIDAD PARA EL DELITO DE ROBO A MAQUINARIAS E INSUMOS AGRÍCOLAS EN LA FORMA QUE INDICA
I. FUNDAMENTOS
El robo de maquinaria e insumos agrícolas constituye uno de los fenómenos delictuales de mayor expansión en el Chile rural de los últimos años. Si bien su impacto directo recae sobre los agricultores y productores que ven sustraídos tractores, equipos de riego, fertilizantes o pesticidas, sus consecuencias se irradian hacia el conjunto de la cadena agroalimentaria, afectando la productividad, los costos de producción, la seguridad alimentaria y, en último término, la competitividad exportadora del país.
A diferencia de otros delitos de alta visibilidad —como el homicidio o el robo con violencia en zonas urbanas—, el robo agrícola ha permanecido durante largo tiempo en una zona gris de la estadística oficial. Las categorías penales vigentes no lo individualizan con precisión, la encuesta oficial de victimización del INE no alcanza el mundo rural con la profundidad necesaria, y las instituciones del Estado tardaron en reconocerlo como un fenómeno diferenciado que requería respuesta específica. Esa combinación de invisibilidad estadística y daño económico concreto es, precisamente, lo que hace urgente el análisis que se desarrolla en las páginas siguientes.
La primera y más importante advertencia que debe hacerse antes de analizar cifras es que Chile no dispone, a la fecha, de una serie estadística oficial robusta, pública y continua etiquetada específicamente como ‘robo de maquinaria e insumos agrícolas’. Esta ausencia no es trivial: implica que tanto la focalización de políticas públicas como la asignación de recursos policiales y fiscales se realizan sin un termómetro confiable del problema.
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), instrumento oficial del INE para medir victimización, tiene un alcance predominantemente urbano. Su propio manual de trabajo de campo excluye varios robos a negocios o bienes de empresa cuando no existe afectación directa a un integrante del hogar, lo que deja fuera del registro una fracción significativa del robo productivo en predios, galpones y bodegas. En consecuencia, la ENUSC subestima de manera estructural el fenómeno que este documento analiza.
Como cifra de referencia oficial a nivel nacional, la categoría policial más cercana al robo agrícola es el ‘robo en lugar no habitado’, que incluye bodegas, galpones y recintos productivos. Esta cifra no equivale exactamente al robo agrícola puro —pues también abarca robos a inmuebles comerciales e industriales urbanos—, pero es hoy la mejor aproximación disponible en los registros del Estado. Según los informes de Carabineros de Chile, esta categoría registró 33.824 casos en 2020, 43.889 en 2023 y 41.849 en 2024. La tendencia muestra un aumento sostenido tras la pandemia y una corrección moderada en 2024, con niveles todavía muy superiores al piso prepandémico.
La medición sectorial más sistemática proviene de los barómetros gremiales elaborados por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). En la encuesta difundida como parte de Enagro 2024, un 79% de los productores consultados declaró haber sido víctima de robo durante 2023. El primer Barómetro de Robo Agrícola, levantado en marzo de 2025, arrojó un 78% de victimización en los doce meses previos, con 40% de productores reportando tres o más robos en ese período, 11% de victimización con violencia física y pérdidas sectoriales estimadas en US$380,6 millones anuales. El segundo barómetro, levantado en enero de 2026, confirmó la persistencia del fenómeno: 77,4% de victimización, 43% con tres o más robos, 9,7% con violencia física, y una estimación expandida de pérdidas que ronda los US$530 millones anuales.
Estas cifras son elocuentes: el robo agrícola no es un problema emergente ni acotado a eventos esporádicos. Se trata de una victimización masiva, recurrente y creciente en su expresión económica, que afecta a la mayoría de los productores del país y cuyo costo total supera ampliamente al de cualquier partida individual del presupuesto sectorial de seguridad.
El fenómeno del robo agrícola no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. La evidencia disponible permite identificar con cierta claridad un conjunto de regiones que concentran la mayor parte de la victimización reportada, todas ellas pertenecientes al eje productivo central y sur del país.
La Región de O’Higgins aparece con particular recurrencia como la zona de mayor conflictividad. La Fiscalía Regional de O’Higgins ha señalado públicamente que la temporada 2024-2025 fue la más violenta en materia de robo a predios agrícolas, con grupos delictuales que han evolucionado desde el ingreso a bodegas no habitadas hacia asaltos con intimidación física a guardias y trabajadores. La sofisticación operacional de estas organizaciones —que incluye reconocimiento previo de los predios, conocimiento técnico del rubro y redes de distribución del producto robado— refleja un nivel de profesionalización que excede con creces la criminalidad oportunista.
La Región del Maule es la segunda zona de mayor relevancia. Allí, el Ministerio de Agricultura formalizó en marzo de 2025 la constitución de una mesa de seguridad en predios agrícolas con participación de la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI, Fiscalía y gremios sectoriales, lo que da cuenta tanto de la gravedad del problema como de la voluntad de abordarlo con una lógica multisectorial. Los robos de insumos de riego, fertilizantes y maquinaria agrícola en el secano costero y en el valle central maulino son recurrentes y representan un impacto desproporcionado para los pequeños y medianos productores.
La Región de La Araucanía presenta una dinámica particular: al fenómeno del robo de maquinaria e insumos agrícolas se suma la complejidad del conflicto territorial, lo que dificulta la respuesta policial y judicial y expone a los agricultores a una doble vulnerabilidad. Los robos de tractores y equipos menores son frecuentes y aparecen de manera recurrente en registros policiales y mediáticos de la zona.
En definitiva, el robo de insumos y maquinaria agrícola no obedece a un patrón único ni aleatorio. Los estudios disponibles identifican una racionalidad delictual clara, basada en la selección de especies de alto valor, bajo volumen y fácil reventa en mercados informales. Según el segundo Barómetro de Robo Agrícola de la SNA, los insumos agrícolas fueron el objeto de robo más frecuente, mencionados por el 52,5% de las víctimas; le siguen las instalaciones eléctricas (40,1%), la producción agropecuaria (30,3%), los animales (20,4%) y las maquinarias (15,0%). En términos de valor sustraído, los insumos agrícolas y las instalaciones eléctricas concentran casi tres quintos del total estimado.
Los pesticidas y fertilizantes son especialmente atractivos para los delincuentes: tienen alta demanda, son fungibles, relativamente fáciles de trasladar y admiten reventa rápida en circuitos informales rurales. Un par de botellas de pesticida puede superar el millón de pesos chilenos en el mercado negro, lo que convierte su sustracción en un negocio altamente rentable para quienes los comercializan clandestinamente. La Asociación de la Industria de Fitosanitarios (AFIPA) ha advertido que el comercio ilegal de plaguicidas incluye una fracción significativa de productos robados a agricultores y distribuidores, con consecuencias que van más allá del daño económico directo: uso de productos sin registro o con fechas vencidas, contaminación de suelos, riesgos para trabajadores agrícolas y amenaza a la inocuidad de exportaciones.
Los estudios académicos y el diagnóstico de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) coinciden en identificar el desplazamiento territorial como un mecanismo explicativo central: la mayor presión policial en zonas urbanas genera un efecto expansivo que empuja la actividad criminal hacia territorios con menor presencia del Estado, horarios nocturnos y rutinas productivas predecibles. La agricultura, con sus ciclos estacionales conocidos, sus bodegas de temporada y sus largos perímetros difíciles de custodiar, ofrece condiciones ideales para este tipo de delincuencia organizada.
Una tendencia especialmente preocupante es la mutación desde el robo en lugar no habitado hacia formas de mayor violencia. El fiscal regional de O’Higgins describió esta evolución de manera explícita: los grupos ya no ingresan únicamente a recintos vacíos, sino que se presentan en instalaciones con guardias, a los que intimidan o maniatan. El segundo Barómetro de la SNA confirma que un 9,7% de los productores victimizados experimentó violencia física, cifra que el primer barómetro situaba en 11%. La aparición de portonazos rurales y asaltos armados en accesos a predios, recogida también por el informe de la ACHM, da cuenta de una criminalidad que ya no puede contenerse con las herramientas diseñadas para el robo a lugar no habitado.
En este punto, el robo de maquinaria e insumos agrícolas no es solo un problema de seguridad individual: es una amenaza sistémica a la cadena agroalimentaria chilena. Su impacto trasciende al productor directamente afectado y se irradia hacia proveedores de insumos, procesadores, transportistas, exportadores y, en último término, consumidores nacionales e internacionales.
En el nivel micro, el efecto más inmediato es la interrupción del ciclo productivo. Un tractor robado durante la temporada de siembra puede implicar la pérdida completa de una cosecha si no se cuenta con equipamiento de reemplazo oportuno. La sustracción de bombas de riego en plena temporada seca puede secar cultivos de alto valor. La pérdida de pesticidas en el momento crítico de aplicación puede derivar en mermas sanitarias irreversibles. Para el pequeño y mediano productor, que carece de inventarios de respaldo o seguros adecuados, estos impactos pueden ser devastadores y en casos extremos llevar al abandono de la actividad agrícola.
En el nivel intermedio, el robo sistemático de insumos genera una distorsión estructural en los mercados locales. La reventa informal de productos robados a precios inferiores al mercado legal crea una competencia desleal que afecta a los distribuidores formales, desincentiva la inversión en el sector y erosiona la cadena de trazabilidad fitosanitaria. El producto robado puede terminar aplicado sin las condiciones técnicas adecuadas —sin conocer la concentración real, sin respetar los períodos de carencia, con posibles adulteraciones— lo que introduce riesgos de residuos en productos de exportación y puede afectar las certificaciones sanitarias que Chile ha construido durante décadas.
A nivel general, con pérdidas anuales estimadas en torno a US$530 millones según los datos más recientes de la SNA, el robo agrícola representa un costo equivalente a una fracción significativa del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Ese es un subsidio involuntario que los productores transfieren a la economía criminal, reduciéndose sus márgenes, desincentivándose la modernización tecnológica y encareciéndose los costos de producción. En regiones donde la agricultura es el principal empleador y el motor de la economía local, el impacto sobre el empleo rural y la cohesión territorial puede ser profundo y duradero.
El sistema legal chileno no ha permanecido indiferente ante este fenómeno, pero su respuesta ha sido tardía, fragmentaria y técnicamente imperfecta. Históricamente, la única figura penal que reconocía de manera específica el robo de bienes del mundo agropecuario era el abigeato, regulado en el artículo 448 bis y siguientes del Código Penal, que cubre el robo y hurto de ganado mayor y menor. Pero el abigeato no protege maquinaria, insumos químicos, equipos de riego, cableado ni la mayor parte de los bienes del sector primario más expuestos al robo contemporáneo.
Desde la perspectiva del derecho penal, la agenda legislativa pendiente debería resolver al menos cinco nudos críticos. El primero es la ausencia de una definición operativa de ámbito rural para efectos penales: sin ella, cualquier agravante territorial queda expuesta a impugnaciones de constitucionalidad por vulneración del principio de legalidad penal. El segundo es la delimitación técnica entre hurto, robo y receptación agrícola, tres figuras que conviven en la propuesta actual sin una articulación clara. El tercero es la incorporación expresa de los bienes más sustraídos: pesticidas, fertilizantes, semillas certificadas, cableado, equipos de riego, tractores, aperos y repuestos. El cuarto es el tratamiento del receptador y del mercado de reducción, que hoy opera con relativa impunidad y es el eslabón que hace rentable el ciclo delictual. El quinto es la coordinación entre tipos penales, facultades policiales de investigación y reglas especiales de comiso, para dotar al sistema de persecución penal de herramientas proporcionales a la sofisticación de los grupos delictuales.
Al margen de la legislación, la respuesta del Estado ha avanzado en los últimos dos años hacia un reconocimiento más explícito del robo agrícola como fenómeno de seguridad diferenciado. El hito más significativo en materia de política pública fue la incorporación, en 2024, de una Consulta Comunal Rural en 270 comunas rurales y semirurales por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, herramienta que permitió por primera vez identificar el robo en galpones y bodegas como prioridad territorial específica en varias regiones. Ñuble, Tarapacá y otras regiones incorporaron explícitamente esta categoría en sus Consejos Regionales de Seguridad Pública 2024.
La constitución en marzo de 2025 de una mesa de seguridad en predios agrícolas del Maule —con participación de la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI, Fiscalía y gremios— representa el modelo de coordinación más avanzado documentado a nivel regional. Este tipo de instancias permite cruzar información sobre focos delictuales, coordinar patrullajes focalizados, articular denuncias formales con inteligencia criminal y establecer protocolos compartidos de respuesta, todo lo cual es imposible cuando cada institución actúa de manera aislada. La SNA y la Asociación de Municipios Rurales han insistido en la necesidad de extender este modelo a todas las regiones prioritarias y han llegado incluso a solicitar la designación de un fiscal especializado para delitos rurales.
Sin embargo, persisten brechas estructurales importantes. La primera es la ausencia de interoperabilidad estadística entre Carabineros, PDI, Fiscalía, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Agricultura, SII y SAG. Sin una plataforma de datos compartida, la inteligencia criminal sobre el robo agrícola sigue siendo fragmentaria y localmente acotada. La segunda brecha es la ausencia de un registro nacional de trazabilidad de maquinaria agrícola sustraída y recuperada, lo que facilita la reventa y dificulta la persecución de receptadores. La tercera es la escasa capacidad de las policías en zonas rurales de alta dispersión geográfica: grandes extensiones, baja densidad poblacional y precaria infraestructura vial limitan la velocidad de respuesta ante denuncias y reducen el efecto disuasivo de la presencia policial.
Ante la insuficiencia de la respuesta estatal, el sector privado ha desarrollado un conjunto de medidas que, si bien no resuelven estructuralmente el problema, contribuyen a reducir la victimización y a mejorar la trazabilidad del daño. El segundo Barómetro de la SNA muestra que el 74,5% de los productores encuestados ya utiliza alarmas o cámaras de seguridad, el 65,1% cuenta con rejas o protecciones físicas, y el 33,8% tiene guardias privados. Estas cifras indican que el sector ha internalizado la necesidad de autoprotección, pero también que el costo de la seguridad ha pasado a ser una carga adicional significativa para el productor.
La geolocalización de maquinaria mediante GPS y la instalación de geocercas con alertas automatizadas son tecnologías disponibles en el mercado chileno a precios cada vez más accesibles. Estas herramientas permiten detectar desplazamientos no autorizados de equipos, facilitar la recuperación de maquinaria sustraída y generar evidencia para la persecución penal. Igualmente, el mercado asegurador chileno ofrece pólizas de equipo móvil agrícola que cubren robo y hurto, bajo normas reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero, aunque su penetración entre pequeños y medianos productores es todavía limitada.
A nivel de gestión de insumos, AFIPA ha impulsado recomendaciones de trazabilidad en la compraventa de productos fitosanitarios: registro de facturas, verificación de distribuidores autorizados y abstención de adquirir productos en circuitos informales. Estas medidas atacan el lado de la demanda del mercado negro y complementan las iniciativas de persecución penal del lado de la oferta. No obstante, mientras el diferencial de precio entre el producto formal y el informal siga siendo tan elevado, los incentivos para participar en circuitos grises persistirán.
La evidencia revisada permite formular un diagnóstico inequívoco: el robo de maquinaria e insumos agrícolas es uno de los problemas de seguridad más serios que enfrenta el sector productivo rural chileno, su impacto no se limita al daño económico directo: erosiona la confianza institucional, desincentiva la inversión, encarece la producción y pone en riesgo la trazabilidad sanitaria de las exportaciones agrícolas.
Finalmente, el éxito de cualquier estrategia de combate al robo agrícola dependerá de la capacidad del Estado de actuar simultáneamente sobre los tres eslabones del ciclo delictual: la sustracción, el transporte y la reducción. Sin persecución efectiva del mercado negro de insumos y del receptador final, el robo seguirá siendo un negocio rentable para quienes lo practican, independientemente de cuántos galpones se pongan bajo llave o cuántos tractores lleven GPS. La respuesta debe ser, en consecuencia, integral, coordinada e inteligente.
II. IDEA MATRIZ.
La idea matriz del proyecto consiste en establecer un sistema de trazabilidad documental y digital de insumos agropecuarios y bienes críticos para la continuidad productiva rural, con el objeto de prevenir y detectar su robo, hurto, contrabando, falsificación, adulteración, reetiquetado o comercialización irregular, entregando a las policías y autoridades competentes herramientas de verificación de origen, titularidad, traslado y destino.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer un mecanismo de trazabilidad, control y verificación respecto de insumos agropecuarios y bienes críticos rurales, con el fin de facilitar la prevención, fiscalización e investigación de su robo, hurto, receptación, contrabando, falsificación, adulteración, reetiquetado o comercialización irregular.
Artículo 2°.- Bienes sujetos a trazabilidad. Quedarán sujetos a las normas de esta ley los plaguicidas, productos fitosanitarios, fertilizantes, semillas, productos destinados al manejo sanitario o productivo de cultivos o animales, maquinaria agrícola, piezas, partes, transformadores, cableado, sistemas de riego, equipos eléctricos, dispositivos de monitoreo y demás bienes esenciales para la continuidad de una actividad agrícola, ganadera, apícola o agroindustrial.
Artículo 3°.- Obligación de trazabilidad. Toda persona natural o jurídica que fabrique, importe, distribuya, comercialice, transporte, almacene, adquiera profesionalmente o utilice productivamente los bienes señalados en el artículo anterior deberá roturar o identificar dichos bienes de conformidad al reglamento dictado por la autoridad competente señalado en el artículo siguiente.
Dicho rotulado deberá permitir identificar, cuando corresponda, el proveedor, comprador, transportista, destinatario, lugar de origen, fecha de operación, factura, guía de despacho, documento tributario, registro, autorización, lote, serie, partida, etiqueta, código o cualquier otro elemento que permita verificar la trazabilidad del bien.
Artículo 4°.- La autoridad competente podrá, en el ejercicio de sus funciones legales, verificar la trazabilidad de los bienes regulados por esta ley, requiriendo a su tenedor, transportista, almacenador, vendedor o comprador la exhibición de los rotulados que acrediten su origen, adquisición, traslado, titularidad y destino.
Para estos efectos, la autoridad en todo caso podrá revisar facturas, guías de despacho, documentos tributarios, etiquetas, códigos, registros, autorizaciones, lotes, series, partidas u otros antecedentes idóneos, en formato físico o digital.
Artículo 5°.- Reglamento. La autoridad competente dictará en el plazo de seis meses un reglamento, el cual deberá establecer a lo menos, los bienes sujetos a trazabilidad obligatoria, los antecedentes mínimos exigibles para acreditar origen, traslado, almacenamiento, comercialización y destino; las condiciones de identificación mediante etiquetas, códigos, lotes, series, partidas u otros mecanismos físicos o digitales; las obligaciones diferenciadas de fabricantes, importadores, distribuidores, comercializadores, transportistas, almacenadores y compradores profesionales; los procedimientos de alerta frente a pérdida, robo, hurto, adulteración, falsificación, reetiquetado o comercialización irregular.
Asimismo, establecerá categorías, niveles de riesgo y exigencias diferenciadas según la naturaleza, valor, peligrosidad, uso o relevancia productiva de los bienes regulados en el artículo
Artículo transitorio.- La autoridad respectiva dispondrá de nueve meses para dictar el reglamento a que se refiere esta ley, contados desde la publicación de ésta en el Diario Oficial, la que a su vez comenzará a regir en los treinta días posteriores a la total tramitación y publicación del referido reglamento.
Rol N° 18435-01, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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