Gremios empresariales chilenos han alzado la voz contra lo que denominan una «industria» dedicada a la judicialización de proyectos de inversión, un fenómeno que, según advierten, estaría generando un clima de incertidumbre que frena el desarrollo económico y pone en riesgo miles de empleos. La alerta surge en medio de un debate público sobre los procesos de participación ciudadana y las reclamaciones posteriores a las autorizaciones ambientales, donde se han detectado prácticas que, a juicio del sector privado, desvirtúan el sistema y afectan la certeza jurídica necesaria para invertir.
ALERTA DEL SECTOR PRIVADO
La preocupación se instaló luego de que un reportaje de El Mercurio abordara lo que describió como la «pata coja» de la agenda para agilizar inversiones. Allí se detalló cómo los procesos de participación ciudadana y las reclamaciones ambientales estarían siendo utilizados de manera instrumental por comunidades u organizaciones para impugnar iniciativas, incluso antes de que comiencen a ejecutarse. En el mundo empresarial existe la percepción de que, aun con la nueva ley de permisos sectoriales y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), persisten focos de incertidumbre capaces de extender por años la tramitación de proyectos.
DATOS DE OBSERVACIONES MASIVAS
El reportaje entregó cifras que refuerzan las denuncias. Según el análisis Prisma de Sofofa, que catastró 1.141 proyectos con 109.328 observaciones a mayo, desde la aprobación del Acuerdo de Escazú el promedio de observaciones por proyecto subió de 13,5 a 30,5. Entre los casos emblemáticos figura el proyecto Los Cóndores, en el Maule, destinado a interconectar eléctricamente a Chile y Argentina, que acumuló 15.993 observaciones, de las cuales 1.500 tenían solo seis palabras, más de 500 con tres palabras o menos, e incluso se detectaron observaciones vacías o con emoticones. «Son bots, esto no es humanamente posible», afirmó Rodrigo Mujica, director de políticas públicas de Sofofa.
Otro caso citado es WTE Araucanía, que registró 4.000 observaciones con textos idénticos repetidos más de 100 veces y, en algunos casos, más de 300. En la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Santa María de Maipú, de 2.225 observaciones, 607 fueron ingresadas por una sola persona, incluyendo 67 en una hora con intervalos de apenas 30 segundos. Estas situaciones han llevado a los gremios a cuestionar la legitimidad de una parte de la participación ciudadana y a solicitar mayores estándares de transparencia y trazabilidad.
LLAMADO A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Pese a las críticas, el sector privado no plantea eliminar la participación ciudadana, sino perfeccionarla. Desde la CPC señalaron que «vale la pena abrir una discusión sobre medidas concretas que permitan mejorar la calidad, oportunidad y eficacia de la participación ciudadana, fortaleciendo al mismo tiempo la certeza jurídica del proceso de evaluación ambiental». Propusieron promover instancias de participación temprana y voluntaria, previas al ingreso al SEIA, para identificar a los actores relevantes del territorio y abordar sus inquietudes de forma anticipada. También sugirieron herramientas para ordenar el proceso, como «la identificación anticipada de los grupos de afectación, mecanismos para detectar observaciones duplicadas, su clasificación por materias y el fortalecimiento de la trazabilidad del proceso participativo». La multigremial agregó que se debe acotar la judicialización «a quienes hayan participado efectivamente en este proceso, resguardando así el sistema reglado».
POSICIÓN DE LOS GREMIOS
El secretario general de Sofofa, Rodrigo Yáñez, sostuvo que «el desafío no es elegir entre participación o inversión: Chile necesita un sistema que garantice ambas». A su juicio, alcanzar ese equilibrio es clave para destrabar proyectos que «hoy representan más de 150 mil potenciales puestos de trabajo». En tanto, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, advirtió que el sistema de evaluación ambiental «es un activo del país», pero debe consolidarse como un sistema «riguroso, predecible y con reglas claras y estables». Riesco llamó a fortalecer la institucionalidad para evitar que las autorizaciones queden «permanentemente expuestas a nuevas controversias», lo que retrasa inversiones, empleo y desarrollo regional.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), su presidente, Alfredo Echavarría, afirmó que «el sistema de permisos enfrenta varias barreras que han hecho difícil el avance de autorizaciones de proyectos, generando poca certeza en inversionistas». Señaló que no es inusual que un proyecto, tras superar un riguroso análisis, deba enfrentar revisiones «sumamente prolongadas en sedes administrativas o judiciales». Para Echavarría, es fundamental que las discrepancias se resuelvan «en plazos predecibles y sobre la base de hechos objetivos», de modo que se pueda conocer con claridad las condiciones reales para la ejecución.
Los gremios coinciden en que la certeza jurídica es indispensable para una economía que quiera crecer de manera sostenible, y advierten que mientras no se corrijan las distorsiones en los procesos participativos, la judicialización seguirá siendo un freno para la inversión.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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