La jueza Francis Fell, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, desestimó recientemente la petición de sobreseimiento presentada por la defensa de Manuel De La Prida, gerente general de Manohay, filial de Straumann en Chile. El Ministerio Público formalizará a dos ejecutivos de la firma suiza Straumann por su presunta implicación en un fraude durante la adquisición del laboratorio chileno Alpha Bio.
El litigio se remonta a 2018, cuando Straumann pactó la compra de Alpha Bio, una distribuidora de implantes dentales creada por los hermanos Gabriel y Daniel Meszaros. El acuerdo contempló un adelanto de unos US$7,5 millones por la mitad de la empresa, mientras que el monto restante, calculado en hasta US$12,5 millones, dependía del logro de objetivos comerciales durante los dos años posteriores.
Al finalizar el plazo, Straumann se rehusó a cancelar la suma variable, señalando que las metas de ventas no se cumplieron. Esto motivó a los hermanos Meszaros a interponer una querella, en la que denuncian a los ejecutivos de haber diseñado una estrategia que comprendía la falta de stock de productos, incrementos injustificados de precios y la derivación de clientes a otra subsidiaria del conglomerado, todo para eludir el desembolso.
Straumann es asesorada legalmente por Jorge Bofill, César Ramos y Bárbara Yévenes. En tanto, los hermanos Meszaros tienen como representantes a los abogados Juan Carlos Manríquez y Yamil Yuivar Carneiro.
FORMALIZACIÓN DE EJECUTIVOS SUIZOS
Durante la audiencia de formalización de Manuel De La Prida, la fiscal Carmen Gloria Guevara informó que pedirá la formalización de Matthias Schupp y Florian Kirsch, dos altos directivos suizos de Straumann. Schupp ocupa el cargo de CEO en Medartis, filial del grupo, y Kirsch es director de Tecnologías Dentales Integradas y CEO Divisional de ClearCor.
La persecutora señaló que los imputados no están en territorio chileno, por lo que el debate se enfocará en la viabilidad de una extradición. La jueza Fell fijó el 17 de julio de 2026 a las 9:00 horas para la formalización de Schupp y Kirsch. Asimismo, impuso la medida de arraigo nacional contra Manuel De La Prida, prohibiéndole abandonar Chile mientras dure la investigación, y estableció un plazo de doce meses para llevar a cabo las diligencias.
DESCARGOS DE LA DEFENSA
El defensor César Ramos calificó la formalización como infundada, indicando que descansa casi exclusivamente en las declaraciones de los denunciantes sin respaldo probatorio. Agregó que su equipo debió pedir en dos ocasiones la intervención del juzgado para que el Ministerio Público incorporara elementos que desvirtúan las imputaciones, los que aún no han sido evaluados. Ramos precisó que la defensa presentó un escrito firmado por Gabriel Meszaros tres meses después de la transacción, donde reconocía que las posibilidades de alcanzar los objetivos se habían ‘reducido significativamente’, tasando la expectativa de pago variable en USD 80.000.
Para Ramos, la querella tiene como objetivo generar presión para lograr un acuerdo económico, dado que paralelamente se tramita una demanda arbitral por incumplimiento contractual. ‘Esta instrumentalización del proceso penal debe terminar’, sentenció.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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