Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó dos proyectos clave en materia de sitios de memoria y tratados internacionales
En una extensa sesión celebrada el 24 de junio de 2026, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar dos proyectos de ley. La instancia contó con la exposición de representantes de la sociedad civil y del Ejecutivo, quienes entregaron sus observaciones a las iniciativas.
PRIMER PROYECTO: FINANCIAMIENTO DE SITIOS DE MEMORIA
El primer proyecto en tabla fue el boletín 17.852-17, que regula las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria y modifica la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca terminar con la incertidumbre presupuestaria que año a año enfrentan estos espacios.
Durante la audiencia, expuso Karen, representante de la Red Nacional de Sitios de Memoria, quien agradeció la instancia pero criticó el alcance del proyecto. Señaló que la propuesta del Gobierno se limita a regular el financiamiento a través de un sistema concursable, lo que genera competencia entre organizaciones y deja fuera a los sitios más pequeños. A su juicio, una ley integral debiera abordar también la declaratoria oficial de estos espacios y su entrega a las comunidades. Agregó que excluir del financiamiento público el pago de indemnizaciones por término de contrato incentiva la precarización laboral de los equipos dedicados a la memoria.
Por su parte, Marcelo Acevedo, presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria del Estadio Nacional, adhirió a dichas críticas. Sostuvo que el proyecto nació de una moción parlamentaria para terminar con la «mendicidad» anual de recursos, pero que concentrar la política solo en el financiamiento concursable es insuficiente. Reclamó que la ley no crea una categoría jurídica específica para sitios de memoria, sino que los asimila a monumentos históricos.
La Red de Observadores en Justicia y Memoria, representada por Paulina Zamorano y Magdalena Garcés, complementó la exposición. Citando principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, instaron a adoptar un marco normativo integral que garantice la participación vinculante de las organizaciones en la gestión y el financiamiento. Propusieron cinco recomendaciones, entre ellas evitar el sistema de concursos, no condicionar el financiamiento a la declaratoria de monumento histórico y dotar de más competencias al Área de Memorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Tras las exposiciones, la comisión aprobó el proyecto en general por unanimidad. El senador Wocar fundamentó su voto a favor destacando que la iniciativa reconoce expresamente los sitios de memoria y otorga competencias claras a la Subsecretaría de Derechos Humanos, poniendo fin a las negociaciones anuales en la Ley de Presupuesto. Se fijó un plazo de dos semanas para presentar indicaciones.
SEGUNDO PROYECTO: INFORMES SOBRE TRATADOS INTERNACIONALES
A continuación, la comisión escuchó al abogado Gustavo Bader, coordinador legislativo de la Corporación Comunidad y Justicia, respecto del boletín 16.017-17. Este proyecto modifica la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes relativos al cumplimiento de tratados internacionales y de recomendaciones del sistema interamericano y universal de derechos humanos.
Bader manifestó una opinión crítica y desfavorable a la iniciativa. Argumentó que obligar al Congreso a discutir periódicamente recomendaciones de soft law -resoluciones no vinculantes- genera un riesgo para la soberanía nacional y la legitimidad democrática, pues dichos estándares no han pasado por el procedimiento constitucional de creación normativa. Cuestionó que se destine una sesión obligatoria de la Sala de la Cámara de Diputados para debatir el Examen Periódico Universal, recordando que en 2014 Bolivia solicitó a Chile tránsito por puertos del Pacífico y en 2019 Bélgica instó a despenalizar el aborto. A su juicio, bastaría con un informe escrito de acceso público.
La intervención generó una réplica del senador Wocar, quien defendió el valor del sistema universal e interamericano de derechos humanos. Señaló que obligar al Congreso a informarse de estas recomendaciones no afecta la soberanía, pues la decisión de acogerlas o no sigue siendo potestad del país. Calificó la postura de Comunidad y Justicia como cercana a las dictaduras que esgrimen el principio de autodeterminación para oponerse a la protección internacional de derechos.
Finalmente, la comisión aprobó el proyecto en general por unanimidad, también con un plazo de dos semanas para indicaciones.
CIERRE DE LA SESIÓN
Al término de la votación, el asesor del Ministerio de Justicia, Jorge Hadertor, agradeció la aprobación del primer proyecto -considerado prioritario para la agenda de derechos humanos- y se comprometió a conformar una mesa técnica de asesores para perfeccionar ambas iniciativas durante la discusión en particular.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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