Alcaldes de la Región Metropolitana solicitaron este martes al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, que se tramite con suma urgencia la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, iniciativa que ha sido bautizada como «ley Alejandro» en recuerdo del niño de 12 años que falleció tras una encerrona en San Bernardo. La petición, presentada durante una reunión en La Moneda, busca endurecer las sanciones para menores infractores sin alterar el sistema especializado que los separa de los adultos.
El encuentro congregó a los jefes comunales Sebastián Sichel (Ñuñoa), María Isabel Valenzuela (Colina), Camila Merino (Vitacura), Jaime Bellolio (Providencia), Paula Garate (Melipilla) y Carol Bown (San Miguel), quienes entregaron al Ejecutivo un documento de 21 páginas con propuestas concretas para modificar la legislación vigente.
REUNIÓN EN LA MONEDA
Durante la cita, los alcaldes expusieron que la actual normativa genera respuestas insuficientes frente a delitos graves cometidos por adolescentes, especialmente aquellos vinculados a organizaciones criminales. La reforma impulsada por el senador Kenneth Longton busca aumentar penas, agravar sanciones y tipificar delitos cometidos con violencia por menores de edad.
Según explicó Sichel al término de la reunión, el primer objetivo fue solicitar suma urgencia para ese proyecto. El segundo, perfeccionarlo para corregir lo que calificó como «asuntos procesales graves» que benefician al victimario en desmedro de las víctimas.
PROPUESTA JURÍDICA
El texto presentado por los alcaldes sostiene que no basta con elevar el límite del artículo 18 de la ley vigente. El endurecimiento debe abarcar la determinación de la pena, la selección de la sanción, la ejecución, la sustitución, la remisión, la intervención técnica, la participación de la víctima y la responsabilidad agravada de los adultos que delinquen con menores.
La propuesta plantea que los ajustes operen dentro de los tribunales existentes, reforzando la especialización y la continuidad del conocimiento del caso. De ese modo, el juez que controla la ejecución tendría a la vista la sentencia, el delito, los antecedentes de la víctima, el plan de intervención y la evolución real del adolescente.
Los alcaldes también proponen sustituir la lógica puramente aritmética por una de proporcionalidad sustantiva. Advierten que la reducción automática de la pena base y la tabla de sanciones pueden producir respuestas insuficientes cuando se trata de delitos como los contenidos en los artículos 391 N°1, 372 bis, 433 N°1, 141 y 142 del Código Penal, u otros cometidos en contexto de organización criminal.
El documento agrega que resulta necesario crear un «catálogo mixto de delitos de máxima lesividad» y aumentar las exigencias del sistema adolescente.
POSTURA DE LOS ALCALDES
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, aclaró que no quieren que los menores vayan al sistema de adultos, sino que se mantengan en un régimen especial para jóvenes. «Tienen que ser corregidos, porque una reinserción no es buena tampoco para ese menor que está delinquiendo», sostuvo. Agregó que la falta de control de impulso, el uso de armas y la velocidad generan una carrera delictual que muchas veces termina con la muerte del propio adolescente.
Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, afirmó que no están pidiendo bajar la edad de imputabilidad ni tratar a los menores como adultos. «¿Qué estamos pidiendo? Que no sea impune, que cuando alguien asesina a una persona no haya un incentivo que lo siga haciendo», señaló.
Bellolio advirtió que sin consecuencias se seguirán formando «soldaditos del narco» y jóvenes que cometen delitos violentos sin medir las consecuencias. Recordó que la obligación de los alcaldes es proteger a las familias que residen en sus comunas y a quienes transitan por ellas.
PEDIDO DE SUMA URGENCIA
Los alcaldes coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo acelere la tramitación del proyecto Longton. Sichel destacó que la actual normativa otorga más privilegios y beneficios al delincuente que a la víctima de delitos violentos, situación que esperan corregir con la reforma.
La propuesta de los jefes comunales busca equilibrar la balanza procesal y sustantiva, manteniendo el sistema especializado para adolescentes pero dotándolo de herramientas más efectivas para enfrentar la criminalidad juvenil violenta.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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