El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha decidido no tomar partido en la discusión sobre un eventual indulto general para los uniformados condenados por acciones durante el estallido social de 2019, una estrategia que busca evitar nuevas tensiones en el oficialismo. En La Moneda observan con cautela cómo el tema ya ha generado roces entre los partidos que apoyan a la administración, particularmente entre el Partido Nacional Libertario, que impulsa un proyecto de indulto amplio, y sectores de Chile Vamos que prefieren un análisis caso a caso.
POSTURA DEL GOBIERNO
Fuentes del Ejecutivo señalaron que el Ministerio de Justicia continúa estudiando las solicitudes de indulto particular, sin que hasta ahora esté contemplado involucrarse en el debate por una medida de carácter general. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no ha profundizado en el tema, pues en el gobierno consideran que se trata de una discusión más política que debe resolverse en el Congreso. “Todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política”, afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien agregó que “vamos a tener que seguir con mucha atención esa discusión”. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó adelantar una postura y recalcó que los indultos “son una facultad exclusiva del Presidente, así que será él quien se refiera a esta materia”.
PRESIONES DEL OFICIALISMO
La iniciativa de indulto general fue anunciada por el Partido Nacional Libertario, con el respaldo de republicanos, y ya cuenta con la firma de la senadora Vanessa Kaiser. El proyecto establece, en un artículo único, conceder el indulto a los uniformados que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieran participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público. El presidente del PNL, Johannes Kaiser, ha sido una de las voces más críticas con la postura del gobierno y de otros partidos del sector. Durante el fin de semana, Kaiser cuestionó las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que el análisis del beneficio debe ser caso a caso. “Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados”, escribió Kaiser en sus redes sociales.
PROYECTO DE INDULTO GENERAL
La iniciativa también ha generado opiniones divergentes dentro del oficialismo. Los presidentes de Evópoli y RN, Luciano Cruz-Coke y Andrea Balladares respectivamente, tomaron distancia de un eventual indulto general. Incluso, desde el mundo de Demócratas surgieron advertencias sobre la inadmisibilidad del proyecto, pues el indulto es una atribución exclusiva del Presidente de la República. El senador Matías Walker señaló que “yo espero que el gobierno no se involucre en esta discusión” y recalcó que “hay compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile que impiden otorgar indultos generales en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”. Entre los libertarios, en tanto, la intención es acelerar la discusión una vez que termine la semana distrital, y ya están recolectando las firmas necesarias para su presentación formal.
REACCIONES EN EL CONGRESO
Mientras tanto, en La Moneda apuestan por mantenerse al margen para evitar un nuevo conflicto en el oficialismo, luego de semanas marcadas por la tensión en torno a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. En Palacio recalcan que si dieran señales en contra de la iniciativa se abriría un flanco con libertarios y republicanos, mientras que si la apoyan podría generar un conflicto con Demócratas. El diputado y vicepresidente del PNL, Hans Marowski, llamó al gobierno a fijar una postura clara. “Espero que el Gobierno fije una posición clara. Hasta ahora ha optado por la cautela, pero una iniciativa de esta relevancia no admite ambigüedades. Si considera que existe una injusticia respecto de estos uniformados, debiera decirlo y actuar en consecuencia y si no comparte el proyecto, también debiera transparentarlo”, dijo.
La tensión se evidenció la semana pasada cuando el oficial de Carabineros Pablo Carvajal fue acompañado al Centro de Justicia de Santiago por diputados del PNL y republicanos, tras ser condenado por apremios ilegítimos calificados durante el estallido. Ese gesto mostró la inquietud en los partidos y aumentó la presión sobre el Ejecutivo.
Por ahora, la estrategia del gobierno es mantenerse al margen, mientras el Congreso discute un proyecto que divide al oficialismo y que involucra temas sensibles como la justicia, los derechos humanos y el rol de las fuerzas de seguridad.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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