La frágil mayoría que el Ejecutivo mantiene en el Senado chileno está en riesgo luego de que el senador Miguel Ángel Calisto, independiente cercano a Evópoli, pasara a la calidad de acusado formal en la causa conocida como “asesorías fantasmas”. El avance de la investigación, que involucra presuntos delitos cometidos entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado, se suma a los procesos judiciales que afectan a otros cuatro senadores. En total, cinco legisladores, equivalentes al 10% de la Cámara Alta, están bajo la lupa del Ministerio Público, lo que pone en jaque los equilibrios políticos de La Moneda y enciende las alertas entre los propios parlamentarios que enfrentan causas abiertas.
LOS CASOS JUDICIALES QUE REMECEN EL SENADO
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, informó que la prueba ofrecida por la Fiscalía incluye numerosa documentación, testigos y pericias que, a su juicio, permitirán acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos imputados a Calisto. Esta actualización procesal se suma a otras investigaciones que involucran a Karol Cariola del Partido Comunista, Loreto Carvajal del PPD, Camila Flores de RN y Alejandro Kusanovic, independiente de derecha.
En el caso de Cariola, ella está imputada en la causa Chinamart por gestiones que realizó en favor del empresario Bo Yang, conocido como Emilio Yang, ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. Una de esas gestiones se relaciona con consultas sobre la patente comercial de un cercano al empresario. Molesta por lo que consideró acusaciones falsas, la senadora aclaró en la sala que levantó voluntariamente su secreto bancario y que fue el tribunal el que negó el acceso a una solicitud fiscal. La parlamentaria emplazó a todos los senadores a hacer lo mismo y pidió respeto, señalando que la única causa abierta en su contra ya no se justifica tras el sobreseimiento de otras aristas.
La senadora Carvajal arrastra un conflicto judicial derivado de la arista política de la trama Bielorrusa. Según información difundida, el fiscal nacional Ángel Valencia encargó al fiscal Libedinsky reunir antecedentes. La arista se abrió tras la declaración del abogado Eduardo Lagos, en prisión preventiva por soborno, quien habría afirmado que Carvajal recibió 300 millones de pesos para gestionar que Yamil Najle obtuviera el cargo de conservador de Bienes Raíces de Chillán. La senadora ha negado los hechos y la causa actualmente se encuentra en reserva y desformalizada.
Por el lado de la derecha, Camila Flores es investigada por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco, por un eventual descuento irregular a asesores. La investigación sigue secreta, aunque ya se realizaron diligencias en oficinas parlamentarias y se requisaron celulares de empleados del Congreso. Alejandro Kusanovic, senador magallánico que se define como hombre de derecha, también es investigado por presuntas presiones a funcionarios de su entorno para que destinaran parte de su sueldo a otras tareas. El fiscal regional Cristián Crisosto confirmó que la causa está vigente y con diligencias pendientes.
EL IMPACTO EN LA MAYORÍA DEL GOBIERNO
La situación de Calisto es especialmente delicada porque podría perder el cargo si el caso avanza. Pero el verdadero problema para La Moneda es que tres de los senadores investigados son afines al gobierno: Calisto, Flores y Kusanovic. Si las causas avanzan y se solicita el desafuero, quedarían suspendidos de sus funciones parlamentarias. Actualmente, el Ejecutivo cuenta con una mayoría de 26 senadores, exactamente la mitad más uno de la Cámara Alta. Basta que uno de los investigados sea desaforado para que el Senado quede completamente empatado, obligando al gobierno a negociar cada voto con legisladores no aliados.
Los senadores han estado atentos a los movimientos de la Fiscalía y los tribunales. En el debate por el levantamiento del secreto bancario, Cariola fue señalada erróneamente por Rodolfo Carter y Luciano Cruz-Coke como opositora a liberar información, lo que la llevó a pedir la palabra para aclarar que ella colaboró voluntariamente. La parlamentaria insistió en un estándar de respeto y afirmó que la están utilizando para justificar posiciones políticas.
El panorama judicial en el Senado evidencia una fragilidad política que podría redefinir la correlación de fuerzas en la Cámara Alta, afectando la capacidad del gobierno para aprobar sus iniciativas emblemáticas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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